El agravamiento de la crisis de derechos humanos en América Latina ha hecho surgir una nueva era de activismo, lo que permite albergar la esperanza de que se revierta la tendencia a la opresión, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual sobre derechos humanos difundido este jueves, el organismo civil destacó que “la gente sufrió una crisis de derechos humanos cada vez más grave” en América Latina, fomentada por una creciente intolerancia con la disidencia y el aumento de la satanización en la retórica política.

Estas condiciones, de acuerdo con AI, afianzaron la condición de la región como una de las más violentas y con mayor desigualdad del mundo.

No obstante, la organización notó también que existe “un creciente movimiento de resistencia, protagonizado por activistas tanto noveles como ya avezados, que permite en verdad abrigar la esperanza de invertir la tendencia a la opresión y el miedo”.

De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, la región latinoamericana ha sido “escenario de un preocupante retroceso en materia de derechos humanos durante el último decenio”.

Este retroceso se evidencia por “la continuación de la violencia paramilitar en Colombia hasta la represión violenta ejercida en la calle en Venezuela, pasando por muchas otras violaciones graves de derechos cometidas en la mayoría de los países de la región”, indicó Guevara-Rosas.

Consideró que la falta de medidas de los Estados para proteger los derechos humanos ha creado condiciones favorables para que otros agentes cometan aún más abusos, que ponen en peligro la vida de millones de personas.

“En toda la región se criminaliza defender los derechos humanos, y con frecuencia se reprime con violencia a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y comunidades marginadas por hablarle claro al poder”, destacó Guevara-Rosas.

En el informe se ponen de relieve alarmantes tendencias de la situación de los derechos humanos en América Latina, como los altos niveles de violencia que continúan asolando a la región, con oleadas de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Además, un año después del histórico acuerdo de paz de Colombia, la violencia seguía formando parte de la vida cotidiana, y, según cifras oficiales, sólo en 2017 fueron víctimas de desplazamiento forzoso como consecuencia del conflicto armado alrededor de 60 mil personas.

Venezuela sufre una grave crisis de derechos humanos, intensificada por la violencia auspiciada por el Estado para responder al creciente descontento por el aumento de la inflación y por una crisis humanitaria. Se detuvo arbitrariamente a miles de personas, y hubo numerosas denuncias de tortura.

Asimismo América Latina y el Caribe seguía siendo la región más violenta del mundo para mujeres y las niñas, pese a estrictas leyes. La región tiene la tasa más alta del mundo de violencia contra las mujeres no infligida por la pareja, y la segunda tasa más alta de violencia infligida por la pareja.

Siguen las constantes intimidaciones y agresiones contra líderes de comunidades, periodistas y activistas que defendían los derechos humanos. Los defensores y defensoras medioambientales figuraban entre los que corrían mayor riesgo.

De los 188 homicidios de defensores y defensoras medioambientales cometidos en 2017, 110 tuvieron lugar en las Américas, según el grupo civil Front Line Defenders.

Creciente discriminación de las comunidades rurales y los pueblos indígenas y negación de sus derechos, en especial del derecho a su territorio ancestral y al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos que los afectan.

Además el continente padece una crisis de refugiados en gran medida invisible y que quedó rápidamente fuera de control, al negarse asilo urgente a miles de personas de algunos de los países más violentos del mundo, como El Salvador y Honduras.

No obstante, estas injusticias impulsaron a numerosas personas a sumarse a luchas que venían librándose desde hacía tiempo, y en el informe se detallan muchos logros importantes que el activismo por los derechos humanos contribuyó a conseguir.

Entre ellos figuran el levantamiento en Chile de la prohibición total del aborto y la aprobación en México de una ley para ayudar a las familias de las víctimas de desaparición forzada a encontrar a sus seres queridos.

“El año pasado quedó probado que, por excluida que estuviese, la gente se niega a renunciar a un futuro sin derechos humanos. El descontento social incipiente la impulsó a echarse a la calle, salir en defensa de sus derechos y exigir el fin de la represión, la marginación y la injusticia”, dijo Guevara-Rosas.