Amnistía Internacional condena allanamientos en Venezuela

En medio de la crisis y represión que se vive Venezuela, Amnistía Internacional alertó que ha ido en aumento la práctica de allanamiento ilegal de viviendas por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno venezolano y grupos civiles armados haciendo uso desproporcionado de la fuerza.

En su informe Noches de terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, el equipo de investigación del movimiento global detalla que entre abril y julio del 2017 existen por los menos 47 denuncias por allanamientos y ataques a zonas residenciales en 11 estados de la nación sudamericana.

Estos meses estuvieron marcados por jornadas de protestas que dejaron más de 120 muertos, alrededor de 1,950 heridos y más de 5,000 detenidos.

“Existe evidencia de que inmediatamente después de las manifestaciones los cuerpos de seguridad del estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales, para continuar reprimiendo a la población, ahora dentro de las comunidades mediante allanamientos ilegales”, se afirma en el documento.

La misión de investigación de Amnistía Internacional realizó visitas a Miranda, Distrito Capital (Caracas), Carabobo y Lara, estados donde presentó un alto número de denuncias de ataques. Se entrevistó a más de 60 víctimas.

De acuerdo con testimonios, durante las irrupciones por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS) o en algunos casos, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), los residentes solicitaban constancias de las órdenes judiciales con las que actuaban, sin embargo, se procedía con la orden de allanamiento sin justificación acompañada de amenazas.

De acuerdo con las víctimas se trataba de redadas para detener a jóvenes que podrían haber participado en manifestaciones.

“Sonaban las rejas cuando las tocaban, (…) intentaron abrirlas, (…) cuando estaba yo escondida con mi vecina y su hija, gritaban ‘¡Abran, abran que llegaron los chavistas, abran!’ (…) Llegó el Coco”, testimonio en el estado de Miranda.

Otra característica de las expresiones usadas por los funcionarios de seguridad fueron las amenazas con violencia sexual contra las personas residentes.

Amnistía Internacional consideró que el uso de métodos intimidatorios no corresponde con los mecanismos que el Estado debe emplear en intervenciones policiales o militares, y resultan innecesarios, pues violan la integridad psicológica y el derecho a la vida privada de los vecinos en las comunidades afectadas.

La ONG instó al gobierno de Venezuela a detener los allanamientos sin órdenes escritas de las autoridades competentes; erradicar el uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de seguridad; sancionar a los autores de allanamientos ilegales; garantizar los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la vida privada de las personas y liberar a las personas detenidas de manera arbitraria.

perla.pineda@eleconomista.mx