Durante el primer año de la pandemia, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que mostró una alta competitividad, es decir, siguió atrayendo talento e inversión, mientras que en el otro extremo se encontraron los estados del sur como los más rezagados.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, la capital del país se ubicó en la primera posición de un ranking de 32.

En tanto, seis entidades obtuvieron una competitividad baja, de ellas, sobresale que la mayoría son sureñas, como Veracruz (lugar 27 en la tabla), Tabasco (29), Oaxaca (30), Chiapas (31) y por último, Guerrero (32), estado que tuvo el peor desempeño.

Para la directora general del Imco, Valeria Moy, este conteo indica que la emergencia sanitaria agrandó más las brechas económicas entre las entidades federativas y muestra la competitividad que tiene cada estado, lo que también se traduce en que la emergencia sanitaria no afectó por igual a todo el país.

Destacó que pese a la emergencia sanitaria, la Ciudad de México no perdió su primer lugar en el ICE; desde el 2001 lo ocupa.

“Como ha ocurrido desde la primera edición de este índice, la Ciudad de México fue la entidad más competitiva y la única considerada de competitividad alta”, reiteró.

Precisó que fue la entidad con el mayor grado de escolaridad (10.1 años), con más camas de hospital (1.7 por cada 1,000 habitantes), médicos y enfermeras (5.4 por cada 1,000) y médicos con especialidad (2.4 por cada 1,000), así como la mayor esperanza de vida.

La Ciudad de México presentó el mayor PIB per cápita (408,042 pesos por persona) y la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14,827 contratos de banca móvil por cada 10,000 adultos) y carga aérea (51,000 kilogramos por cada 1,000 personas).

“No obstante, debe señalarse que la Ciudad de México presenta importantes rezagos en materia de sistema político, reportó el mayor número de agresiones en contra de la prensa”, sostuvo Valeria Moy.

En jaque

Entre las razones principales que pusieron al sur en jaque, la especialista indicó que la emergencia sanitaria mermó la diversificación económica de estos estados; también se suma un rezago histórico donde se ha excluido a la región de los planes de desarrollo y crecimiento económico.

Recalcó que los cinco estados del sur tienen en promedio el menor PIB per cápita del país (87,00 pesos por persona), también el mayor rezago en inversión por población económicamente activa (45,000 pesos) y sólo 19% de las personas de 25 años o más cuentan con estudios universitarios o técnicos. También se concentra el mayor porcentaje de informalidad (71% de los trabajadores).

La directora general del Imco detalló que Guerrero se ubicó en la última posición en el índice debido a que presentó el peor desempeño en el tema de innovación y gobierno. Fue el estado con mayor porcentaje de delitos no denunciados (94%), el menor porcentaje de ingresos propios (2.4% de los ingresos totales) y el que reportó la mayor migración (0.9% de la población migró).

Metodología

Sobre el proceso de evaluación y metodología del ICE, Valeria Moy recordó que el índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices (tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, democracia, gestión gubernamental; e inclusión, salud y educación).

“Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Para medir esto, nuestro índice evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los estados”, pronunció.

Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

Los estados con una competitividad adecuada son Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Jalisco.

En la categoría media alta están Aguascalientes, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora, Yucatán Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, San Luis Potosí y Nayarit; en media baja se encuentran Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Campeche, México, Colima, Hidalgo Puebla, Morelos, Zacatecas, así como Michoacán; y en baja Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

De acuerdo con el ICE, hay tres entidades que presentaron los mayores avances anuales: en primer lugar sobresale Sinaloa, que logró superar siete lugares (pasó del 14 al 7); en segundo está Nayarit (del 19 al 15); y en tercero, Tamaulipas (del 15 al 12).

En el caso Sinaloa, la entidad avanzó porque subió 10 posiciones en los subíndices de economía (mejora en el costo promedio de la deuda, crecimiento del PIB, aumento de personas con ingresos mayores al promedio estatal), también creció ocho lugares en sistema político (en el rubro de agresiones a periodistas) y avanzó seis en innovación (generó más centros de investigación y patentes). Además, presenta el primer lugar en el tema laboral (mercado de factores) porque cuenta con una alta capacitación laboral y el menor porcentaje de trabajadores con ingresos por debajo de la línea de bienestar.

Las tres entidades con mayores retrocesos son: Hidalgo, que retrocedió cinco lugares (del 17 al 22), Chihuahua (del 7 al 11) y Quintana Roo (del 12 al 16).

Propuestas

A partir de los resultados identificados en el ICE 2021, el Imco desarrolló algunas propuestas para que las entidades mejoren su competitividad. La primera busca que se pueda adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos locales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa y con ello evitar la discrecionalidad.

Se debe promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

También se deben desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios.

Se necesitan reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos; se deben crear sistemas estatales de innovación que incentiven un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

Por último, se tienen que aprovechar las facultades de los estados para desarrollar programas de nivelación académica ante los efectos de la pandemia.

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