Guadalajara, Jal. La empresa Green Life Capital y el gobierno de Jalisco alcanzaron un acuerdo para la venta de la Villa Panamericana que, después de albergar a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos del 2011, quedó inutilizada.

Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se manifestó a favor de la venta del inmueble, por el cual la empresa pagará 1,500 millones de pesos para darle un uso habitacional.

Detalló que el recurso es necesario para reintegrarlo al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) de donde salió la inversión para edificar las villas deportivas.

“Las villas se hicieron hace muchos años, ahí están tiradas, y se hicieron con el dinero de los trabajadores del estado. A mí me corresponde, como gobernador, ayudar a rescatar a Pensiones. Tenemos que rescatar la inversión que se hizo de manera injustificada”, señaló Alfaro Ramírez en entrevista con una radiodifusora local.

Por su parte, Ipejal, a través de un comunicado, aclaró que con el fin de recuperar el dinero que se invirtió en las villas, y que corresponde al ahorro de los trabajadores del estado, la venta del inmueble es una alternativa.

“Se trata de proteger el patrimonio de los trabajadores del estado, luego del riesgo financiero que representó la inversión de 1,100 millones de pesos en la construcción de la villa por parte de administraciones anteriores a través de la participación del Ipejal y el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi)”, refiere el comunicado.

Añade que actualmente existen negociaciones avanzadas con un consorcio integrado por cuatro sociedades mercantiles mexicanas que, de concretarse, podría desembocar en una transacción final de 1,500 millones pesos.

No obstante, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, afirmó que el municipio no permitirá nuevas construcciones ni aprobará un cambio de uso de suelo en el sitio donde se encuentra asentado el inmueble, en las inmediaciones del Bosque La Primavera.

Tras señalar que desconoce los términos en que el gobierno de Jalisco vendió sus bonos a la sociedad anónima promotora de inversión, advirtió que aun si hubiera presión del gobernador, el ayuntamiento no permitirá la urbanización del área.

“No estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo, y no va a haber permisos en la Villa Panamericana ni para vivienda ni para ninguna otra cosa hasta que no se resuelva la situación jurídica, la situación de las acciones de mitigación y un decreto para la protección de toda la zona del Bajío”, destacó Pablo Lemus.

Requisitos

El alcalde enfatizó que, ante los múltiples intentos de vender el inmueble, el gobierno municipal ha establecido tres requisitos que deben cumplirse antes de iniciar cualquier transacción.

“Punto número uno, que se resolvieran todos los amparos, todas las suspensiones que existen en torno a la Villa Panamericana; es decir, que se resolviera toda la parte jurídica porque nosotros estamos impedidos de dar cualquier paso en cualquier vertiente hasta que esto no se resuelva”, indicó.

Las otras condicionantes del municipio, dijo, son que se especifique quién pagará los 200 millones de pesos que cuestan las obras de mitigación para la zona del Bajío establecidas en el estudio realizado hace tres años y, por último, un decreto de protección por parte del gobierno estatal que declare esa zona “área de fragilidad ambiental” a fin de evitar un desarrollo masivo.

Antecedentes

A fin de albergar a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos del 2011, el gobierno del estado, encabezado entonces por el panista Emilio González Márquez, licitó en el 2009 el proyecto que fue adjudicado a Grupo Corey.

La Villa Panamericana la conforman cuatro edificios con alrededor de 900 departamentos. La zona cuenta con un uso de suelo H1 (para vivienda de muy baja densidad).

La edificación cuenta actualmente con siete procesos judiciales tanto por ciudadanos como por la empresa inmobiliaria y por Ijalvi.

Pablo Lemus propuso que el desarrollo se destinara a un centro de ciencia y tecnología de bajo impacto que reduciría una tercera parte los efectos negativos a los mantos freáticos.

Guadalajara destina $300 millones para obra pública

Dado el nuevo programa de mejoramiento urbano del ayuntamiento de Guadalajara, en los primeros seis meses de este año se destinaron 300 millones de pesos para obra pública.

En entrevista con El Economista, Alejandro Hermosillo González, gerente municipal de Guadalajara, explicó que el programa Ciudades más seguras busca que por medio de reportes ciudadanos se efectúen mejoras en los servicios y en infraestructura urbana.

Aseguró que, por la implementación del programa, desde enero del 2019 se delimitaron 441 colonias de Guadalajara y se instalaron 12 gerencias para atender las denuncias por medio de una aplicación digital.

“Esto se efectúa en colaboración con ONU-Habitat, ellos nos asesoran. Precisamente surgió el proyecto en Guadalajara por la búsqueda de perfeccionar la mejora regulatoria local y acercarla a la ciudadanía”, señaló.

“Lo que se busca es la recuperación de los espacios públicos a través de una coordinación entre dependencias y un esquema de trabajo con los ciudadanos”, añadió.

“Hemos invertido esta cantidad para la mejora de parques, banquetas y alumbrado público. Incluso, hemos logrado la rehabilitación de un total de 50 parques”, indicó el gerente municipal.

Destacó que en el primer semestre del año se levantaron 32,000 reportes, de los cuales 80% ha sido solucionado.

Alejandro Hermosillo explicó que los resultados del primer semestre han sido positivos, por lo que para la segunda mitad del año se busca pasar a otra etapa.

“Queremos pasar a una segunda etapa donde ya no solamente se den reportes, también que se hagan proyectos comunitarios para intervención urbana, como la creación de consejos ciudadanos”, expuso. (Con información de Camila Ayala Espinosa)