Ninguna de las crisis actuales de Estados Unidos se deben al T-MEC: PPI

Ninguna de las crisis actuales de Estados Unidos se deben al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacó el Instituto de Política Progresista (PPI, por su sigla en inglés) en el primer día de audiencias sobre la revisión de este tratado por parte de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) en Washington.

El PPI consideró que Estados Unidos enfrenta crisis por el deterioro económico, el trato a Canadá y la incertidumbre constitucional sobre la autoridad presidencial de imponer amplios aranceles.

“Ninguna de estas crisis es consecuencia del T-MEC, por lo que las revisiones del T-MEC no pueden solucionarlas. Por lo tanto, en PPI consideramos que las políticas deberían comenzar por corregir los errores que han causado estas crisis, y hasta que esto se haga, debemos limitar cualquier cambio al T-MEC a cuestiones técnicas y de consenso en las que los tres gobiernos puedan llegar a un acuerdo”, dijo Edward Gresser, vicepresidente del IPP, en la audiencia.

Con sede en Washington, el PPI es una institución de investigación sin fines de lucro, fundada en 1989 y que publica una amplia gama de temas de política pública.

La cláusula de revisión del T-MEC prevé una reunión tripartita para julio de 2026, en la que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México avalarán, o no, el acuerdo tal como está y podrán, en su caso, sugerir cambios.

En circunstancias normales, podría ser útil buscar revisiones que acerquen el acuerdo a su perfección. Sin embargo, el PPI considera que al momento eso sería una distracción de problemas más amplios.

Estados Unidos ahora enfrenta tres emergencias inmediatas de “política comercial” y “norteamericanas” que abordar, cada una “mucho más importante” que cualquier imperfección del T-MEC, según Gresser.

Estos fueron los argumentos que Gresser planteó:

Deterioro económico

A medida que los aranceles de este año impactan a la economía, el costo de vida de las familias aumenta -en todo, desde el café y los muebles de baño hasta los seguros de automóviles y los equipos de ejercicio- y el costo de producción para los agricultores, fabricantes y empresas de construcción estadounidenses aumenta aún más rápido.

Contrariamente a la afirmación del gobierno esta primavera de que los aranceles generarían un auge manufacturero y, específicamente, que “aumentarían la participación de la manufactura en nuestro PIB”, los aranceles han impuesto “costos masivos” a las industrias productoras de bienes estadounidenses.

Estos ya parecen reflejarse en una disminución de la participación del sector manufacturero en el PIB (9.8% en 2024, 9.4% a mediados de 2025), y es “sorprendente” ver que las participaciones de la minería y la construcción también han disminuido.

Perjuicio a la seguridad de América del Norte, en particular frente a Canadá.

Las medidas arancelarias del gobierno son en gran medida responsables de esto, amplificado por una “retórica imprudente” que el público canadiense ha considerado “bastante insultante”.

Esto ha tenido consecuencias económicas visibles -por ejemplo, las exportaciones estadounidenses de vino, cerveza y licores han caído 68% este año, de 463 millones de dólares entre enero y agosto de 2024 a 146 millones de dólares entre enero y agosto de 2025, ya que los canadienses buscan productos visiblemente estadounidenses para no comprarlos- pero el impacto estrictamente económico puede ser “modesto” comparado con los nuevos y radicalmente desconocidos problemas de seguridad nacional que los estadounidenses de las décadas de 2030 y 2040 tendrían que afrontar si las relaciones con Canadá y México continúan deteriorándose.

Crisis constitucional

Desde febrero, la administración Trump ha intentado utilizar decretos de “emergencia” y “seguridad nacional” para anular los aranceles autorizados por el Congreso y sustituirlos por un sistema arancelario propio en constante cambio.

Este es un acontecimiento único en la historia estadounidense, ya que ningún Presidente anterior ha defendido el derecho a fijar sus propios aranceles. Tal afirmación, ya sea aplicada a los vecinos inmediatos de Estados Unidos o de forma más general, conlleva riesgos.

Las decisiones “impulsivas e irreflexivas” que causan daños inesperados a industrias y trabajadores específicos -la más reciente, la amenaza en octubre de imponer aranceles de 10% al combustible para calefacción, fertilizantes y otros bienes esenciales que los estadounidenses compran en Canadá, en respuesta a un anuncio que citaba al expresidente Ronald Reagan sobre política arancelaria- son simplemente las más obvias.

Otras abarcan desde el daño general a la economía estadounidense debido al aumento de los costos para las familias y las industrias, hasta la constante tentación de convertir el sistema arancelario en una herramienta para recompensar a partidarios políticos o castigar a oponentes. La Constitución reconoce esto y, “con razón”, asigna al Congreso la facultad de regular los aranceles y otras formas de impuestos.