El presidente del Consejo Marítimo Portuario de México (Comport), Fernando Ramos, consideró que la eventual revisión al título de concesión de la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, es resultado de “alguna confusión”, toda vez que es una empresa en la que el Estado tiene el control, aunque dijo que es necesario fortalecer su gobierno corporativo y ayudar a que el presupuesto que se le asigne sea acorde a las necesidades de operación.

“Hay confusión en el tema y eso se aclarará, pero a la par es necesario conocer qué sucederá con el plan de que se militaricen las direcciones de las 16 API federales y los efectos comerciales que eso tendrá”, comentó.

Información de consejo refiere que dichas API son empresas propiedad del gobierno, reguladas por un Consejo de Administración donde participan varias secretarías, gobiernos estatales, municipales y un representante de los intereses privados, y que se constituyen como empresas para tener autonomía administrativa y operativa.

Sin embargo, el control financiero de administración se conserva en el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que regula y autoriza su presupuesto y gasto operativo.

Fernando Ramos recordó que, en febrero de 1994, la SCT otorgó a la API de Veracruz la concesión por 50 años y en el 2018, como consecuencia de la ampliación del puerto, se autorizó una prórroga por 50 años más, con lo cual vencerá en el 2094.

El jueves pasado, el presidente López Obrador señaló: Miren, antier hice una denuncia que el puerto de Veracruz lo habían privatizado y habían entregado una concesión por 100 años, y de inmediato salieron a decir que no era cierto, que no se había privatizado. Di a conocer el contrato y ya salen a decir los de Coparmex que están preocupados porque no se le puede quitar la concesión a los particulares. ¿En qué quedamos, entonces?, ¿se privatizó o no se privatizó?

Además de las API federales, en el sistema portuario nacional hay seis más de carácter estatal, dos municipales, dos a cargo del Fonatur y una privada, en Acapulco.

“En algún momento, como parte de mejorar la gestión de las administraciones, se propuso que el gobierno mantuviera el 40% de las mismas y el resto quedara en manos de empresas relacionadas con su operación, pero no prosperó”, explicó el presidente del Comport.

A la fecha, el presupuesto para las API federales proviene del presupuesto que se asigna a la SCT.

¿Qué son las API?

• La figura de Administración Portuaria Integral (API) nació con la Ley de Puertos en junio de 1993 y su concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación, que integran los recintos portuarios, es otorgada por la SCT.

• Sus directores son designados por la SCT, en ocasiones a petición del Ejecutivo. Es este mes se han nombrado seis nuevos encargados de API, los dos últimos en Progreso y Puerto Madero son Vicealmirantes.

• Las API, a su vez, otorgan contratos de cesión parcial de derechos a empresas privadas para desarrollar y operar terminales, generalmente los contratos que se firma tienen plazos de 20 o 25 años prorrogables.

• Todos los cesionarios adquieren sus contratos a través de concurso público, que además es supervisado y regulado por la Secretaría de la Función Pública y la Cofece.

• Las API pagan una contraprestación por su concesión al gobierno que va directo a la Secretaría de Hacienda y sus ingresos por cobro de tarifas, igualmente son fiscalizados por dicha dependencia.

• Los cesionarios invierten para desarrollar y mantener sus instalaciones y equipamiento, efectuando contratos privados con sus clientes para generar sus ingresos, y pagan también una contraprestación que recibe la Secretaría de Hacienda.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx