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Importación de electricidad no pasaría por la CFE

El dictamen por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica permite que se importe electricidad o productos asociados sin utilizar la red de la Comisión Federal de Electricidad, prohíbe a los concesionarios mineros oponerse a la infraestructura eléctrica y fortalece a la CRE al dotarla de facultades que se le habían otorgado a la Secretaría de Energía.

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El dictamen por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica permite que se importe electricidad o productos asociados sin utilizar la red de la Comisión Federal de Electricidad, prohíbe a los concesionarios mineros oponerse a la infraestructura eléctrica y fortalece a la CRE al dotarla de facultades que se le habían otorgado a la Secretaría de Energía.

Ayer se difundió el dictamen por el que se expiden las leyes de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, las cuales contienen cambios a la iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos permite la importación de electricidad sin utilizar la Red Nacional de Transmisión o las Redes Generales de Distribución.

La importación también se podrá realizar en términos de las disposiciones que emita la CRE y también por los comercializadores y los usuarios calificados en términos de las reglas del mercado. Entre otras modificaciones a la iniciativa presidencial se establece que los concesionarios mineros, así como los titulares de asignaciones, permisos o contratos no podrán oponerse al tendido de ductos, cables o a la instalación de cualquier otra infraestructura para la transmisión y distribución de energía eléctrica en el área comprendida en la concesión, asignación, permiso o contrato de que se trate.

En las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos de industrias distintas a la eléctrica a cambio de una remuneración justa, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación de servicios , detalla la propuesta.

Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) será la encargada de la emisión de las bases y reglas para el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.

La Sener tendrá funciones de coordinación y opinión en los campos anteriores para preservar un sistema de pesos y contrapesos ; la dependencia también podrá opinar sobre las reglas del mercado eléctrico y la operación del mercado eléctrico mayorista.

No obstante, en relación con las facultades de la CRE se propone modificar la iniciativa presidencial para concentrar la emisión de las reglas del mercado eléctrico a la Sener.

Advierte que la CRE autorizará los precios máximos y demás condiciones para los suministradores de último recurso. Los precios máximos reflejarán ingresos suficientes para cubrir los costos de adquisición de electricidad, así como los costos de operación del suministrador.

Derechos de vía de redes eléctricas

PROTEGERÁN A PROPIETARIOS ?DE TIERRAS

Las empresas no podrán abusar ni discriminar a los propietarios de la tierras cuando negocien la ocupación o afectación de las propiedades para llevar a cabo actividades de la industria eléctrica, de lo contrario los contratos que suscriban con el Estado podrán ser revocados o rescindidos.

Así lo promueve el dictamen por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica que será sometido a la consideración de los senadores en comisiones. La propuesta es parte de las modificaciones que se le hicieron a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.

Los interesados en la ocupación o afectación de bienes o derechos para la industria eléctrica se abstendrán de realizar, directa o indirectamente, conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir en la decisión de los propietarios, poseedores o titulares de los inmuebles, predios, terrenos, bienes y derechos durante las negociaciones , destaca la propuesta.

Además, se ordena a la Secretaría de Energía que informe a las empresas interesadas en proyectos de infraestructura eléctrica sobre la presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos.

tania.rosas@eleconomista.mx

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