La nueva Ley de la Industria Eléctrica con los cambios de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador puede ser promulgada en cualquier momento, luego de su aprobación en el Senado. Con ello, es legal ponderar el despacho de hidroeléctricas y plantas de la CFE, además de que se permite que todos los generadores antiguos renovables emitan certificados de energía limpia, se elimina la obligación de la CFE de comprar energía mediante subastas y se autoriza la revisión y cancelación de permisos de generación si tienen indicios de corrupción.

Analistas convocados por el Consejo Coordinador Empresarial, analizaron las implicaciones económicas y ambientales de la que es considerada la mayor modificación que ha realizado la presente administración mientras que abogados y organizaciones de la sociedad civil advierten sobre la pugna legal que está a punto de desencadenarse.

Reiteran aumento de hasta 18% en los costos de energía

La mayor afectación de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se verá en el terreno económico que según especialistas convocados por el Consejo Coordinador Empresarial en el foro “Electricidad para el futuro de México” impactará a las finanzas nacionales, a los consumidores en el corto y mediano plazo y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que según el gobierno federal debía ser la mayor beneficiaria de los cambios aprobados en el Congreso.

Roberto Newell, ex director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que los modelos apuntan hacia un aumento de entre 12 y 18% en el costo de la generación eléctrica con los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica; pero además, estos aumentos en el costo de la energía que bien se plasmarán en tarifas o en subsidios, se verán reflejados en deterioro en la posibilidad de consumo o elasticidad que entre más alta es después de cero resulta peor para el nivel económico de bienestar, y que será de 1% en el promedio nacional y hasta 1.7% en el sector industrial.

César Emiliano Hernández Ochoa, quien fue subsecretario de Electricidad durante el diseño y aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica original, en 2014, detalló que dicha ley se creó para tener transparencia sobre los costos de la energía e iniciar la ruta hacia la transición a energías renovables.

El experto consideró que los cambios no provocarán una mejoría en las finanzas de la CFE ni en el desempeño de la red eléctrica nacional porque dejó de ejercerse el fondo universal para electrificar poblaciones rurales que desde hace dos años no ha recibido ingresos con lo que se mantiene el rezago de 2% de la población que no recibe energía eléctrica.

“Estamos sacando dinero de una empresa rentable, pero con riesgos físicos, para pasarlo a un negocio de riesgo volátil por los precios que significan el suministro”, aseguró Hernández Ochoa.

Respecto a la carencia de acciones para mejorar las finanzas y operación de la CFE, Antonio Noyola, consejero de la Asociación de Comercializadores de Energía, explicó que “seguirá altamente estresado el sistema y los márgenes de confiabilidad seguirán bajando, con más desbalances como los recientes”.

Se detendrá en 24% la participación de renovables

El cambio climático dejó de ser un asunto puramente de buenas intenciones y planeación a futuro para convertirse en una urgencia de política económica que se debe de comenzar a implementar inmediatamente. El sector eléctrico contribuye con 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y al no priorizar a las energías renovables en el despacho a la red, la nueva Ley de la Industria Eléctrica aprobada en el Congreso pone en una situación de altísima vulnerabilidad al país, consideraron expertos.

José Ramón Ardavin, del área de análisis y modelos del Cespedes, explicó que mientras hoy se genera 24% de la energía con fuentes limpias, se requiere llegar al 35% en 2024 según los compromisos del Acuerdo de París del 2015 y otra Ley vigente, de Transición Energética. Esos 10 puntos adicionales sólo son posibles con generación eólica y solar que tienen programas de inversión y resultan negocios rentables y atractivos para inversionistas. Pero los cambios en la ponderación del despacho a la red, que ponen primero a la hidroeléctrica, después a todas las plantas de la CFE y hasta el tercer lugar a estas energías harán que se estanque esta participación que incluso puede reducirse.

María Teresa Souza Bosh, ex directiva de la Semarnat, explicó que será imposible tener la hidroeléctrica como energía base porque el consumo de agua de las presas depende de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) más que de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que el agua sirve para mitigar sequías e inundaciones que cada vez serán más y más impredecibles por el cambio climático.

Casiopea Ramírez, consultora de Fresh Energy Conulting, explicó que al eliminar la obligación de que la CFE adquiera como único instrumento energía mediante subastas, se regresa al modelo de opacidad en que compraba mediante contratos bilaterales discrecionales a empresas de energía fósil. Verónica Irastorza, directora asociada en Nera Economic Consulting, explicó que sólo el año pasado, la combinación de energía solar y eólica tuvo una generación de 33 terawatts, que de haber utilizado gas natural habrían implicado un costo en combustible de 46,000 millones de pesos.

Amparos superarán a los del NAIM: Foley Arena

Tras la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica en el Congreso de la Unión, viene una ola de amparos mayor a la que se vivió con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ahora por parte de todos los generadores de energía, expuso el despacho jurídico Foley Arena de México, mientras organizaciones de la sociedad civil rechazaron las modificaciones del martes a la Ley, considerando que el nuevo ordenamiento implicará daños a la salud de la población.

“Viene un problema serio para el país. La aprobación de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, tensará aún más el ambiente con los inversionistas, nacionales y extranjeros. En estos días veremos la promoción de un número considerable de amparos por el sector privado y ONG, así como controversias constitucionales por los entes competentes, y pronto empezarán los arbitrajes internacionales bajo la cobertura de los diferentes tratados internacionales que ha celebrado México”, aseguró David Berezowsky, abogado del despacho Foley Arena en México.

El efecto económico de este cambio a la reforma energética podría ser comparable al que tuvo la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de Texcoco, prevé Berezowsky quien también advierte sobre el surgimiento de procedimientos de arbitraje internacional de diversas empresas para proteger sus inversiones ya sea bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Asociación Transpacífico, así como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

Este giro a la ley se puede considerar una expropiación indirecta bajo la cobertura de los tratados internacionales. Los inversionistas llegaron a invertir a México con unas reglas que hoy están cambiando, aseguró.

A su vez, organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA), advirtieron que la aprobación de los cambios de la Ley del martes aprobada por la mayoría del Senado de la República, no sólo implica violaciones al procedimiento legislativo, sino también al derecho de acceso a la participación conforme al recién ratificado Acuerdo de Escazú, a la salud y al medio ambiente sano.

karol.garcia@eleconomista.mx