Tres compañías de Manuel Barreiro, empresario inmobiliario de Querétaro señalado por una supuesta operación de lavado por 54 millones de pesos donde está implicado el candidato presidencial Ricardo Anaya, promovieron amparos contra el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, presentaron entre el 1 y el 15 de febrero al menos cuatro amparos, de acuerdo con versiones divulgadas.

Los jueces Javier Loyola y Óscar Palomo concedieron a Advance Real Estate suspensiones provisionales para que la autoridad no remueva fondos de las cuentas, sin que ello implique que las empresas puedan disponer libremente de su dinero.

En tanto, sobre los amparos de Aspen Partners, un juez federal de Querétaro y otro de León se declararon incompetentes para llevar los juicios. “Respecto de las cuentas que el promovente aduce ser titular, es decir, de las manifestaciones expresadas por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se advierte que la emisión del aseguramiento haya sido emitida por alguna autoridad hacendaria con motivo de algún crédito fiscal iniciado en su contra”, expuso el juez Loyola.

Las empresas mencionaron en sus amparos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como autoridad responsable de ejecutar los congelamientos, aunque en realidad, ignoraban de dónde provino la orden. En ese sentido, una fuente con conocimiento del caso dijo que la CNBV no fue quien ordenó esta medida.

La Procuraduría General de la República indaga desde octubre del 2017 una supuesta operación de Barreiro para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya a cambio de la venta de una nave industrial en Querétaro, adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development.