AMDA advierte que continuará ilegalidad con "autos chocolate" ante la extensión del programa de regularización

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador determinó -nuevamente- ampliar hasta el próximo 31 de diciembre la regularización de los autos importados usados, lo que provocó preocupación en la industria automotriz, al señalar que continuará el “contrabando e ilegalidad”.

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), afirmó que con la medida de legalizar lo ilegal, “la corrupción sigue prevaleciendo por parte de funcionarios de todos los niveles para permitir el ingreso ilegal al país, circular por las zonas urbanas y vías de jurisdicción federal, así como la venta en tianguis y calles de las ciudades”.

Durante la conferencia mañanera del presidente AMLO, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se extiende el plazo para que las personas que importen vehículos usados de Estados Unidos y Canadá puedan regularizarlos hasta el 31 de diciembre, cuando el plazo se cumplía a finales de septiembre.

Ahí la funcionaria reportó que el decreto ha permitido otorgar placas a 1 millón 803,058 vehículos usados extranjeros desde el 19 de marzo de 2022 hasta el 26 de septiembre del 2023. Esto significa que se han regularizado más de 100,000 unidades en comparación con los autos nuevos vendidos en un periodo similar (marzo 2022-agosto 2023).

“Continuará el estímulo al contrabando de vehículos hasta el 31 de diciembre con la sexta ampliación al Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”, alertó Guillermo Rosales Zárate.

El presidente de la AMDA expresó que no tiene caso mantener un programa de regularización en 16 entidades federativas cuando, según las propias cifras oficiales, el 51.7% de las regularizaciones están concentradas en tan solo tres estados (Tamaulipas, Chihuahua y Baja California), entidades donde siempre había estado concentrado el problema. No obstante, la decisión presidencial otorga facilidades a todo el país.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad, dicha extensión en el plazo se realiza como parte de la regulación y protección al patrimonio de miles de familias, lo cual contribuyó a la seguridad pública mediante su incorporación al Registro Público Vehicular (Repuve).

“Lo que nos permite saber los nombres de los propietarios y, por tanto, sacar a las unidades del anonimato para evitar que sean ilícitos”, puntualizó.

Pero la industria automotriz a través de la AMDA respondió que se mantiene firme en sus demandas para buscar que el REPUVE tenga los recursos suficientes para ser la base de datos segura y efectiva para todos los mexicanos.

Y es que lamentó que en las condiciones en que opera y atendiendo el programa de regularización, “resulta difícil pensar que todos los vehículos legalizados estén cumpliendo con las condiciones para estar lícitamente en el país y darle certidumbre a sus dueños actuales y futuros propietarios, ya que una vez obteniendo placas pueden circular y comercializarse a nivel nacional”.

Guillermo Rosales dijo: “la justificación para ampliar tal decreto es que no se utilicen estas unidades en actividades ilícitas, cuando en realidad los delincuentes mayormente utilizan vehículos robados de modelo reciente”.