El gobierno federal considera que no existen razones para llevar a México a un panel de solución de controversias por incumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia energética, afirmó Graciela Márquez, secretaria de Economía.

“En el Capítulo de Energía del T-MEC hay una sola declaración de a qué se compromete México. México se compromete a cumplir con la Constitución en términos de materia energética y no ir más allá de lo establecido en la Constitución.

“Pero efectivamente, hay mecanismos de solución de diferencias que podrían o no, y enfatizo el no, llevar a un panel”, dijo este miércoles la funcionaria en una comparecencia ante la Cámara de Diputados.

La declaración de Márquez se dio en respuesta a una pregunta del diputado yucateco Jesús Vidal Peniche sobre una carta que escribieron el 22 de octubre 43 legisladores estadounidenses al presidente Donald Trump pidiendo que “encuentre una resolución” a la supuesta discriminación del gobierno mexicano a las inversiones energéticas extranjeras en México.

“Informes recientes indican que el gobierno mexicano está otorgando tratamiento regulatorio preferente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y está postergando o cancelando totalmente permisos para empresas energéticas estadounidenses”, dice la carta.

"Estas experiencias anecdóticas han cobrado crédito adicional recientemente por un memorándum filtrado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que indica a las autoridades mexicanas que utilicen todos los recursos disponibles dentro de la normativa para proteger a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Adicionalmente, miembros del partido gobernante, Morena, han presentado iniciativas constitucionales para revertir la histórica Reforma Energética de 2014 y buscar renunciar a todos los contratos actualmente vigentes”, los legisladores añaden en la misiva.

La carta hace referencia a documentos en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presuntamente pide a reguladores no otorgar permisos de operación a empresas energéticas privadas para beneficiar a Pemex y a CFE.

“Nosotros en la Secretaría (de Economía) ya hicimos una revisión puntual de dónde podrían estar apelando (…) Aquí no se trata de juzgar a un país u otro, sino a qué nos comprometimos”, dijo Márquez en la comparecencia, como parte de esa misma respuesta.

La intención del gobierno federal de fortalecer a Pemex y la CFE enfrenta límites vinculados con garantizar la competencia económica con los pares privados de esas dos empresas productivas del Estado, de conformidad con el T-MEC.

En términos generales, el gobierno de México no puede dar ventajas a Pemex o la CFE que impliquen una discriminación relacionada con el comercio exterior en América del Norte o un inversionista establecido en Canadá o Estados Unidos.

roberto.morales@eleconomista.mx

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