La Plataforma de Empresarios Afectados por la Covid-19 (PEACovid-19) en España, constituida en marzo de 2020 como una corporación jurídica en defensa de los intereses del empresariado, reclamó al Estado indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de una "gestión anormal" de la pandemia.

Según explica el portavoz de la entidad, Javier Candela, el principal objetivo de la plataforma es "compensar las medidas adoptadas por el Gobierno a partir del primer estado de alarma", que considera "contradictorias, incoherentes, restrictivas y penalizadoras" para los negocios.

La entidad presentó en diciembre de 2020 una reclamación de responsabilidad patrimonial por vía administrativa, con el fin de "recuperar el gasto sufrido y los beneficios medios perdidos" de las empresas, así como "contribuir a la regeneración del tejido empresarial". Para calcular el cómputo del "lucro cesante", valorado en más de 200 millones de euros por la plataforma, las empresas adheridas debieron elaborar un informe pericial económico basado en una comparativa de ejercicios anteriores.Si el Gobierno no responde a la reclamación en los próximos seis meses, se decretaría el silencio administrativo y la plataforma presentaría "al día siguiente" una demanda, ya redactada, ante el Tribunal Supremo.

"El equipo jurídico estuvo trabajando en la demanda durante un año para elevar las probabilidades de éxito, hasta el punto que ya está por los 350 folios, 500 si contamos los anexos", añade Candela.

Javier Candela es también el propietario de una empresa distribuidora de bebidas, que empezó a resultar afectada cuando, a principios de 2020, las importaciones desde China "comenzaron a generar bastantes problemas" a raíz de los primeros brotes.

Ante la situación, el empresario buscó "amparo institucional" hasta dar con el abogado y fundador de la plataforma, Juli Prat, que "empezó a trabajar en la demanda el 10 de enero, con la primera alerta de la OMS".

Juli Prat, propietario de dos complejos de cines y diversos locales de ocio nocturno, asegura que resultó "muy perjudicado" cuando sus establecimientos quedaron totalmente cerrados, por lo que decidió crear PEACovid-19 junto a un equipo de expertos.

El abogado considera que el confinamiento y otras medidas restrictivas infringieron "desde la Constitución, pasando por leyes orgánicas hasta llegar a leyes ordinarias" y éstas, añade, "están para cumplirlas".

Los empresarios que se quieran adherir a la demanda conjunta pueden hacerlo con el "pago de entre 200 y 300 euros simbólicos, lo suficiente para hacer las fotocopias".