Uno de los principales temas que debe abordar la próxima Convención Nacional Hacendaria es la baja recaudación que realizan los estados y municipios, así como el combate a la corrupción que existe en la ejecución de los recursos públicos, coincidieron expertos.

“En este tipo de convenciones se tiene que ver cómo se va a recaudar más impuestos locales; es algo que está evaluando el gobierno entrante, dado que gran parte de los recursos que reciba se tendrán que repartir entre estados y municipios. Tienen que ver cómo bajarlos o cómo se deben repartir de manera más eficiente”, expuso Enrique Díaz Infante, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Recordó que la facultad de recaudar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) o el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) está delegada por los estados a la Federación. De esta manera la Federación recauda y luego lo distribuye conforme a criterios para buscar la equidad.

“Los estados sólo recaudan el impuesto de nómina y el Predial, y muchos estados que obtienen una significativa recaudación en este rubro lo dan en garantía de endeudamiento. Hasta ahorita, para los estados ha sido muy cómodo no llevar el costo político de la recaudación y se lo dejan a la Federación”.

Fernando Galindo, quien fue subsecretario de Egresos de Hacienda en los primeros cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto, mencionó que esta Convención no sólo puede enfocarse en mejorar la calidad del gasto público, sino también en mejorar los ingresos y el manejo de la deuda.

“Tenemos un rezago importante en materia de recaudación de ingresos por parte de las entidades federativas. Tenemos un reto importante en materia de Predial y derechos de agua, se debe revisar a profundidad qué atribuciones tienen los estados y municipios para cobrar de mejor manera estos impuestos”, dijo quien ahora es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

El fiscalista Herbert Bettinger comentó que en las convenciones que se han hecho anteriormente se revisan los esquemas de ingresos, egresos y deuda, donde se busca establecer un mecanismo de coordinación entre la Federación y los secretarios de finanzas de los estados para ver cómo se reparte lo que se ha recaudado.

“Las convenciones son importantes pero no son determinantes, porque los estados cuentan con sus congresos, que es donde se toman las decisiones en materia fiscal”.

A su parecer es muy pronto para hacer una Convención, pues apenas están tratando de definir cómo se realizará la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, subrayó que los temas más importantes que se deben abordar en este momento son acabar con las facturas apócrifas, los esquemas de outsourcing y acabar con la informalidad.

Combate a la corrupción

Díaz Infante comentó que otro tema que se debe abordar en la Convención es la corrupción que existe en los estados al momento de ejercer los recursos que les da la Federación.

“Hemos visto en estados como Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo escándalos de desfalcos, los estados han manejado muchos recursos y no los han canalizado necesariamente para infraestructura o desarrollo de la entidad”.

Al respecto, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, abundó que en una primera etapa de la Convención se hablará de dar autonomía a los órganos de fiscalización.

“Se buscará ordenar todo aquello que tiene que ver con los órganos de fiscalización local para hacerlos autónomos e independientes, hacer verdaderos órganos de fiscalización. Hacer que el ahorro y la austeridad sean definidos en todos los poderes de la Unión para que sea una política de Estado”.

Etapas de la convención

Ramírez Cuéllar expuso que la Convención se realizará en dos etapas: la primera parte se llevará a cabo en la segunda semana de noviembre y la segunda etapa se realizará en marzo o abril del próximo año.

“En la primera reunión queremos que la columna vertebral sea un proceso de ordenamiento del gasto público, es decir, cuánto nos cuesta el gobierno, el Legislativo el Judicial, ordenar el gasto federalizado como el Ramo 23 y sin meternos en el 33 y 28”.

Aclaró que de momento no se contempla hacer una reforma fiscal, sino hacer más eficiente la coordinación entre estados y municipios.

Para la segunda etapa, refirió que con mayor responsabilidad y tiempo se revisará todo lo relacionado con la Ley de Coordinación Fiscal.