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¿Qué propone la CDMX para regular las rentas y frenar la gentrificación?
El Gobierno capitalino presentó una iniciativa que busca establecer límites al aumento del alquiler, ampliar la vivienda asequible y reconocer el derecho al arraigo, como base para la futura Ley de Rentas Justas

El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma constitucional para sentar las bases de la futura Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles en la capital. La propuesta será enviada al Congreso de la Ciudad de México, informó la jefa de gobierno Clara Brugada Molina.
“Cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado. La ruta legislativa que hoy continuará, a partir de que presentemos esta reforma constitucional, seguirá en una segunda fase con la ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles”, declaró.
Durante la presentación se expuso un diagnóstico sobre el mercado de vivienda en renta en la ciudad, con los siguientes datos:
- 2 millones de personas viven en vivienda rentada.
- En zonas centrales, más de 40% del parque habitacional es en renta.
- Entre el 2010 y el 2020, aumentó en 135,000 el número de personas que rentan.
- Entre el 2019 y el 2023, las rentas subieron más de 30% en algunas zonas.
- Entre el 2015 y el 2025, el precio de la vivienda se duplicó.
- Cerca de 40% de los hogares más pobres viven en renta.
- Estos hogares destinan casi la mitad de su ingreso al alquiler.
Tope al aumento de rentas
El primer punto establece que los incrementos en el precio de la renta no podrán superar la inflación. El objetivo es evitar aumentos desproporcionados y dar certidumbre a quienes habitan viviendas en renta.
“Se trata de elevar al máximo nivel jurídico este principio fundamental de justicia… También la Suprema Corte ya resolvió al respecto. Así que es simplemente ser coherentes y presentar esta propuesta para que se convierta en una base jurídica para la próxima ley”, declaró Clara Brugada Molina.
Ampliación de la vivienda asequible
El segundo eje plantea la obligación del Estado de impulsar políticas para ampliar la oferta de vivienda accesible, mediante mecanismos de acceso y la adquisición y gestión de suelo para fines habitacionales.
“Se incluye un mandato para que el Gobierno de la ciudad continúe ampliando su reserva territorial, adquiriendo suelo para la producción de vivienda social. Es decir, si queremos lograr ofrecer más vivienda social y asequible, necesitamos adquirir también suelo”, acotó la funcionaria.
Institución pública de regulación inquilinaria
El tercer punto propone la creación de una instancia encargada de regular, mediar y atender conflictos entre arrendadores e inquilinos, con el fin de garantizar equilibrio en las relaciones de renta.
“Esta institución será la encargada de defender los derechos, tanto de los arrendadores como de los arrendatarios. El objetivo es la construcción de relaciones inquilinarias justas, equilibradas y con certeza para todas las partes”.
Derecho al arraigo y permanencia
El cuarto eje incorpora el reconocimiento del derecho al arraigo, entendido como la posibilidad de permanecer en el entorno donde las personas desarrollan su vida, en un contexto marcado por el desplazamiento asociado al aumento de rentas.
“Asimismo, se incluirá en la Constitución de la Ciudad de México implementar una política contra la gentrificación y en favor de la justicia territorial”, apuntó.
Como parte del diagnóstico, se señaló que en el 2020 alrededor de 500,000 personas fueron expulsadas de la ciudad en un contexto vinculado al encarecimiento de la vivienda. En el caso de la población joven, más de la mitad de quienes rentan tienen menos de 30 años. Dos de cada tres viven en renta y solo uno de cada 10 cuenta con vivienda propia.
La propuesta se plantea como una reforma constitucional que establecería principios y obligaciones para el Estado. La regulación específica se desarrollará posteriormente en una ley secundaria.
"Hago un respetuoso llamado al Congreso de la ciudad, para que pueda generar el proceso que significa esta reforma constitucional, que como todos sabemos, las reformas constitucionales podrán ser sometidas al Pleno, hasta el siguiente período legislativo, que es en septiembre", expresó Brugada Molina.


