Postergan reforma en favor de la innovación

En este periodo de sesiones no se logró pasar la propuesta de reforma al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LRASP), regulación que hasta ahora sanciona a los que registran patentes y quieren hacer uso comercial de ellas, informó el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Rubén Benjamín Félix Hays.

El funcionario destacó que la Comisión que encabeza ya tiene lista la parte que les corresponde, pero por los tiempos, vamos a pasar la propuesta para el segundo periodo de sesiones ordinarias que inician en septiembre . Para Hays, que trabaja de cerca con la comisión de Transparencia y Anticorrupción, esta reforma es para dar una respuesta a la comunidad científica .

La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos refiere en su artículo 2 que son sujetos de esta ley los servidores públicos mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales , por lo que los investigadores de universidades, centros públicos de investigación y otras entidades paraestatales de la administración pública federal que, de acuerdo con su instrumento de creación, tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica son considerados servidores públicos.

Cabe destacar que en el artículo 8, fracción XII, párrafo cuarto de la LRASP, se establece que en el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que pueden implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico .

Esta normativa, dijo Félix Hays, no sólo es un vacío legal para el sector académico, se impide el pleno desarrollo profesional de los investigadores, pues ante un posible conflicto de intereses se inhibe la inversión privada para fomentar la ciencia y la tecnología, así como las capacidades de emprendedurismo de los propios científicos.

Ya tenemos el proyecto listo para que la comunidad científica pueda ser copartícipe de las innovaciones que hagan a través de los centros públicos y no sean sujetos a sanciones de carácter penal , destacó Benjamín Félix Hays.

elizabeth.ruiz@eleconomista.mx