Rechazan en la ONU reclamo de Sheinbaum

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México, el presidente de dicha comisión, Juan Pablo Albán, sostuvo que aunque el desacuerdo es legítimo, la descalificación de la mandataria “es cuestionable”.

A través de un artículo, el presidente del CED, Juan Pablo Albán, respondió a las críticas hechas por la mandataria mexicana, tras la decisión adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que determinó que en nuestro país se han cometido y continúan cometiendo desapariciones forzadas de manera generalizada y sistemática, lo cual puede constituir crímenes de lesa humanidad.

Juan Pablo Albán aclaró que pese a que la presidenta dijo que este comité no es de la ONU, “los órganos de tratado sí formamos parte del Sistema de las Naciones Unidas. Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento”.

Asimismo, destacó que los integrantes de los órganos de tratado son elegidos por los propios Estados partes y actúan con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas.

Análisis de CED

Por otro lado, defendió que su decisión publicada el pasado jueves es una remisión o informe dirigido al máximo órgano deliberante de la ONU y el análisis del CED no se limita a un periodo cerrado.

“La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo. Por ejemplo, se señala expresamente: (párr. 97) “[...] el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas (más de 132.400 al 19 de febrero de 2026) y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”, dijo.

Es así que recalcó que “el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, ya que “las diferencias jurídicas —e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse— son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención, entre el CED y los Estados parte”.

Sin embargo, destacó que es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de Derechos humanos y sus integrantes, pues consideró que “los objetivos comunes deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición, y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias”.