En telecomunicaciones se requiere más competencia, no más Estado

Finalmente se despejó la incógnita sobre la posibilidad de que las dos cámaras del Congreso de la Unión celebren sesiones extraordinarias para discutir y votar diversos proyectos legislativos. Entre ellos están desde luego los que tienen que ver con la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (“Iniciativa Telecom”) y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (“Iniciativa de Competencia”) , que serán discutidos y votados en el Senado de la República como cámara de origen.

Por lo que ha trascendido, sabemos que el gobierno de la república revisó varios de los aspectos de la Iniciativa Telecom que provocaron una importante discusión pública y todo indica que se presentaran ajustes para corregir el sentido o alcance de diversas disposiciones, o bien, para eliminar otras, entre ellas, en el primer grupo, las que tienen que ver con el diseño institucional de la autoridad que estará a cargo de la regulación de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y la no desaparición del principio de la neutralidad a la competencia con el que deben cumplir los operadores de estos servicios que sean propiedad del estado. En el segundo grupo, de manera señalada, las que causaron inquietudes válidas por su posible impacto sobre el ejercicio pleno de la libertad de expresión de los mexicanos.

Sigue llamando la atención la elevada apuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum para lograr mejorar las condiciones de cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, de la mano de la red compartida operada por Altán. Son varios los factores que han impedido que haya una mayor expansión de la infraestructura, sobre todo la de banda ancha de nueva generación: a) la falta de verdaderas condiciones de competencia efectiva; b) el elevado precio del espectro radioeléctrico; c) la excesiva y desigual carga de trámites a nivel local para el despliegue de infraestructura; y d) el excesivo costo para poder llevar la infraestructura a zonas alejadas con poca densidad poblacional, principalmente.

Ahora bien, en el análisis que se ha hecho en el seno del gobierno federal se muestra cómo el precio por gigabyte, medido en dólares, tuvo una reducción importante en nuestro país durante los primeros tres años a partir de la reforma constitucional de 2013, pero de manera muy marcada, una vez que entró en vigor la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. A partir de entonces, ese precio no solo no se redujo de manera tan marcada, sino que incluso se observa un ligero incremento en el período 2021-2023. Ese desempeño se explica por la efectividad de diversas medidas que introdujo el Congreso en 2014, como la llamada “tarifa cero”, que no era otra cosa que hacer expreso en ley el hecho de que el operador preponderante se auto aplicaba una tarifa implícita de cero pesos para la terminación de llamadas de usuarios de su propia red dirigidas a otros usuarios de dicha red, por ejemplo.

Dichas medidas, desataron una importante guerra de tarifas que por supuesto se trasladó al servicio de banda ancha. Esa importante dinámica tarifaria se observó en esos primeros dos años posteriores a la expedición de la ley, junto con algunas medidas específicas que le impuso el IFT al operador preponderante. Sin embargo, la SCJN determinó expulsar de la ley el concepto de la “tarifa cero” y las medidas del IFT perdieron efectividad con el paso de los años.

Con lo anterior, lo que quiero señalar es que buen parte del por qué no han disminuido más los precios por gigabyte en México y por qué nuestro país se compara muy desfavorablemente frente a otros países latinoamericanos en términos de velocidad de acceso a la banda ancha tiene que ver primordialmente con el hecho de que los factores que permitieron impulsar un sector telecomunicaciones que se acercaba a mostrar condiciones de competencia efectiva, se evaporaron. Por ello, insisto que gran parte del problema de cobertura se resuelve con más competencia, no con más estado.

*El autor es economista.