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Opinión

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Impuesto a las herencias

Carlos Alberto Martínez Castillo | Auctoritas

Los gobiernos tienden a no tener límite en sus necesidades de gasto, desde la compra de submarinos, drones militares y misiles hasta tinacos y vestidos de 15 años para entregarlos como programas contra la pobreza. Ha sido la democracia quien ha logrado contener la insaciable necesidad de recaudar, administrar y ejercer el dinero que, por cierto, nunca es del gobierno sino de los contribuyentes. En el caudal de necesidades reales y auto creadas se establece literalmente una lucha entre los gobiernos y quienes realmente pagan sus impuestos para ver quién drena más dinero o quién se defiende mejor; son escasos los ejemplos en los que realmente existe plena satisfacción entre lo que el contribuyente paga y lo que recibe de su gobierno. En este entramado los contrapesos democráticos, las instituciones y la transparencia son los elementos de excelencia que permiten evaluar la satisfacción del contribuyente (cliente) por lo que le paga al gobierno (prestador de servicios). El hecho es que sin excepción a los estados nunca les alcanza para gastar, en esas está nuestro gobierno quien ve, por un lado, que la economía lleva 8 años sin crecer pese a los más de 65 millones de millones de pesos que ha tenido de presupuesto y, por el otro lado, que su deuda, gasto en pensiones, intereses y resto del gasto, crece. A lo anterior se suma una extraña orientación justiciera de algunos políticos en México, la ignorancia de otros y el estrés por sacar dinero de dónde se pueda.

En este contexto un par de miembros de la SCJN y otros políticos se han pronunciado a favor de poner impuestos a las herencias como un mecanismo de justicia social si es que este concepto existe más allá de un pronunciamiento político. Por fortuna nuestra presidenta Claudia Sheimbuam y el líder de la cámara de Diputados Ricardo Monreal, atajaron ese debate ya que la masa heredable al momento de acumularse debió pagar los correspondientes impuestos. Establecer impuestos a lo que ya contribuyó al erario es ilegal, poco contribuye al equilibrio en finanzas públicas de cualquier estado y elimina el incentivo para la creación de riqueza amén de que la idea: herencia = a mucha riqueza es falaz en virtud de que, en economías con altos niveles de subdesarrollo como la nuestra, no sólo se heredan grandes fortunas; fincas, departamentos de interés social, animales de corral, parcelas y puestos ambulantes también suelen heredarse con frecuencia. Al recibir una herencia se tiene la obligación de declararla, se incurre en impuesto predial, gastos notariales y registro, es decir, no está totalmente exenta. Tomando en consideración la tasa total de impuestos sobre utilidad de una empresa —60 empleados —, predial, ISR, cuotas patronales e impuesto sobre nómina, México es la segunda economía más alta de la OCDE. El peor momento para pensar en nuevos impuestos es cuando el estado se ve apretado en su gasto y, el peor criterio para diseñarlos es la premisa justiciera, desafortunadamente ambos presentes en la coyuntura mexicana actual.

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Doctor en Desarrollo Económico, Doctor en Derecho y Doctor en Historia del Pensamiento Filosófico Especialidades en desarrollo económico en Oxford University y en Economía Internacional en Georgetown University. Profesor en la Universidad Panamericana y la Ibero. Ha colaborado en la Presidencia de la República, el Banco de México, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, fue Ministro de Asuntos Economicos de la Embajada de Mexico en EEUU (Washington). Autor de libros en Regulación Financiera, Historia Económica, Política Fiscal, Políticas Públicas y Ética.

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