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Competitividad estatal: asignatura pendiente
José Nery Pérez Trujillo | Estado, Mercado y Sociedad
La competitividad es la capacidad de un país, región, empresa o individuo para competir en un entorno dado, es decir, para disputar recursos, mercados u objetivos frente a otros agentes. En el ámbito económico y empresarial, se entiende como la facultad de desarrollar y mantener ventajas comparativas o competitivas, ya sea por costos, calidad, tecnología o innovación, que permitan lograr una posición destacada y sostenible respecto a los competidores.
Uno de los organismos más relevantes en cuanto a competitividad se refiere es el Foro Económico Mundial (WEF), el cual define que la competitividad se integra por 12 pilares: diseño institucional, infraestructura, entorno macroeconómico, salud, educación básica, educación superior, eficiencia de mercado, mercado financiero, tecnología, tamaño de mercado, elementos de complejidad y valor agregado, y la capacidad para innovar.
Por otro lado, en el ámbito local, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha construido una clasificación de las entidades federativas con base en tres indicadores agrupados en seis subíndices: innovación y tecnología, infraestructura, mercado de trabajo, sociedad y medio ambiente, estado de derecho y sistema político y de gobierno.
De igual manera, existen diversos centros de investigación y universidades de alto prestigio a nivel mundial que se dedican a estudiar los factores y las políticas públicas que hacen más competitivos a los países y las regiones. Esto adquiere mayor relevancia en el contexto de una nueva política industrial en el país y en cómo las entidades federativas deben responder para capitalizar esta nueva política basada en Polos de Desarrollo para el Bienestar, beneficiando así a la mayor cantidad de empresas y ciudadanos con sus políticas públicas.
A continuación, describo de manera sucinta las acciones de política pública que contribuyen de mejor manera a la competitividad de las entidades federativas y que pueden servir como guía a los gobiernos estatales en el contexto actual.
Primero, innovación y digitalización, a través del uso intensivo de nuevas tecnologías como: inteligencia artificial, Internet de las cosas y ciencia de datos, así como fomentar la creación de parques tecnológicos y la formación de capital humano especializado en habilidades digitales. Segundo, propiciar encadenamientos productivos que integren empresas de diversos tamaños que desarrollen capacidades logísticas con economías de escala y resuelvan cuellos de botella sectorial con perspectiva de exportación. Tercero, impulsar mecanismos de financiamiento con capital semilla para pymes innovadoras e impulsar esquemas novedosos como crowdfunding y Fintech estatales.
Cuarto, priorizar la infraestructura de transporte y telecomunicaciones, que estén interconectadas de manera eficiente y libres de obstáculos que impidan su libre tránsito de manera segura y eficiente, así como desplegar internet de alta velocidad en carreteras y zonas rezagadas. Quinto, sostenibilidad ambiental enfocada en energías limpias mediante esquemas de tarifas y estímulos fiscales, gestión de residuos e incentivos hacia la economía circular. Sexto, mejora regulatoria a través de ventanillas digitales únicas para trámites estatales, simplificación de licencias y permisos para obra e inversión, así como combatir la corrupción relacionada con la tramitología.
Séptimo, política fiscal y comercial, a través de incentivos fiscales temporales vinculados a la creación de empleos formales y agilizar procesos de exportación. Octavo, fomentar el capital humano, a través de articular la oferta educativa a todos los niveles con las necesidades del mercado local, promover esquemas duales entre escuelas y empresas y desarrollar programas de calificación laboral en sectores prioritarios. Noveno, coordinación intraestatal con enfoque regional, de manera que se construyan comités y grupos de trabajo de los tres niveles de gobierno que instrumenten mecanismos de colaboración para cumplir las metas de manera oportuna y con el menor desgaste institucional posible.
La implementación de estas acciones debe incluir la construcción de mapas de brechas competitivas, ejes prioritarios definidos por impacto potencial y factibilidad política, construcción de indicadores de evaluación y mecanismos de monitoreo; convocar a actores privados para el cofinanciamiento y la colaboración en los objetivos, así como facilitar la participación de la sociedad a través de auditorías ciudadanas y mesas de discusión con expertos.