En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el índice de libertad de internet en México prácticamente se ha estancado en una calificación que ronda los 39 puntos y las violaciones a los derechos de los usuarios son la constante que ocasionó esta inmovilidad con respecto a las libertades que tienen los mexicanos en el terreno de lo digital, de acuerdo con el informe Freedom of the Net 2017 realizado por la organización Freedom House.

El documento destaca que mientras que la reforma en telecomunicaciones del 2013 y el consecuente despliegue de la red compartida en enero del 2017 favorecieron el acceso a internet mediante la reducción de precios en los servicios de los ISP y el aumento de la competencia dentro del sector, el clima de vigilancia y violencia en contra de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil por parte de las autoridades y de miembros del crimen organizado representan una amenaza para la libertad de internet en México.

En una clasificación en donde cero es igual a muy libre y 100 a nada libre, Freedom House otorgó a México en esta edición del informe una calificación de 39 puntos, que es menor a la del 2016, de 38, y que está en consonancia con una tendencia de constante decrecimiento, ya que en el 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió el poder, el score de libertad de internet fue de 37 unidades.             

Con estos resultados, México se mantiene dentro del 28% de los países en los que la libertad de acceso y difusión en Internet es parcial, clasificación que comparte con naciones como Colombia y Brasil, dentro de la región latinoamericana, y con la India, Corea del Sur y Nigeria, en otras regiones del mundo.

Algunos de los países que la organización considera como muy libres en cuanto al uso de internet son Estados Unidos, Canadá y Argentina, en el caso del continente americano, igual que Reino Unido, Japón y Sudáfrica; mientras que en Venezuela, Turquía, China y Rusia la libertad dentro de la red es muy limitada.

México: manipulación y violaciones a los derechos de los usuarios

La organización independiente Freedom House, financiada mayoritariamente por el gobierno de Estados Unidos, reconoció en el informe el incremento en la penetración en los servicios de las redes móviles y de Internet, pero matizó este reconocimiento por el hecho de que la penetración digital registra una brecha importante entre las zonas rurales y urbanas del país, además de que, entre la población general, las conexiones de banda ancha son aún escasas.  

“A pesar de las iniciativas para aumentar la conectividad, la brecha digital entre las regiones urbanas y rurales de México siguió siendo significativa (...). En 2016, solo los estados de Baja California Sur y Sonora ingresaron al grupo de estados con una penetración superior a 70 por ciento. Por otro lado, Chiapas y Oaxaca registraron una tasa de penetración de 20.6 y 13.3%, respectivamente”, refiere el documento.

De acuerdo con Freedom House, no hay registro de que el gobierno mexicano o cualquier otro actor haya bloqueado o intervenido algún contenido dentro de internet o de alguno de los servicios provistos por la industria de las tecnologías de la información o la comunicación. Tampoco observó peticiones de remoción de contenidos sistemáticas por parte de las autoridades a sitios de noticias y servicios de hosting, lo que sí sucede en el caso de buscadores y plataformas de redes sociales, como Google o Facebook.

“Entre julio y diciembre de 2016, Facebook recibió 600 solicitudes del gobierno mexicano para información relacionada con 1,032 usuarios; 573 de las solicitudes se asociaron con procesos legales. En aproximadamente el 72 por ciento de los casos, Facebook publicó cierta información. Durante el mismo período, Twitter recibió 19 solicitudes, con 21% de información producida relacionada con 33 cuentas. Google recibió 179 solicitudes del gobierno mexicano para obtener datos sobre 230 usuarios o cuentas. La compañía produjo información en el 54% de esos casos”, refiere el informe.      

La organización admitió, sin embargo, que la legislación actual ofrece ciertas protecciones para aquellas plataformas que sean obligadas a remover contenidos que supuestamente exhiben información sensible sobre individuos y citó el caso en el que el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito ordenó al INAI a resolver por segunda ocasión la solicitud del empresario Carlos Sánchez para que Google remueva de su buscador los enlaces a un reportaje de la revista Fortuna en los que aparece su nombre.

Esta apertura en la discusión sobre el derecho de acceso a la información y el que hace referencia al olvido no mitiga la violencia y la manipulación que sufren los medios de comunicación, sobre todo aquellos con una cobertura local, así como varias organizaciones la sociedad civil. Campañas de desinformación y hostigamiento en plataformas digitales de comunicación han tenido con frecuencia entre sus objetivos “a periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos, académicos o grupos cuyas opiniones han sido críticas del gobierno, los partidos políticos o los políticos”, refiere el informe.

Violencia y espionaje

Pero son las violaciones a  la integridad y a la privacidad de los usuarios de Internet en México las que conforman una mezcla que Freedom House observa como uno de los principales factores para que la libertad en Internet sea parcial en este país.

“México siguió siendo uno de los entornos más violentos del mundo para los periodistas y blogueros en línea, y el gobierno ha utilizado la inseguridad como una justificación para aumentar la vigilancia”, se lee en el documento.    

De acuerdo con la organización, de los cinco periodistas asesinados entre junio del 2016 y mayo del 2017 y cuya muerte se confirmó que fue a causa del ejercicio de su labor, al menos dos eran reporteros para medios digitales. Se trata de los casos de Maximino Rodríguez, quien reportaba crímenes y asuntos policiales para el blog Colectivo Pericú en Baja California Sur y Cecilio Pineda Birto, quien colaboraba en varios medios y publicaba historias de crímenes en redes sociales.

Además de la manipulación y el hostigamiento dentro de las redes sociales y el asesinato de periodistas que colaboraban con medios digitales, los ataques directos a la privacidad de periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil a través de la vigilancia y el espionaje tecnológico por parte del gobierno mexicano son los factores que causan mayor alarma para Freedom House con respecto a la libertad de internet en este país.

El informe recuerda los casos en los que al menos 21 periodistas, abogados de derechos humanos, activistas y figuras políticas fueron blanco del software de espionaje Pegasus de la empresa de origen israelí NSO Group, el cual supuestamente sólo se comercializa a entidades gubernamentales por motivos de seguridad 

“La evidencia recopilada desde 2011 ha demostrado que el gobierno mexicano gastó al menos $ 80 millones en dicho software espía en al menos tres agencias de seguridad”, refiere Freedom House en su reporte.

El informe también hace eco del caso en el que una vulneración a los sistemas de la empresa italiana Hacking Team reveló distintos documentos que exhibían las relaciones comerciales entre la empresa de vigilancia cibernética y varios gobiernos en México, incluido el federal. Según la información que se filtró en aquel momento, México era el principal socio comercial de The Hacking Team, ya que los acuerdos de la compañía con diversos gobiernos estatales, como los de Querétaro, Puebla, Yucatán y Durango, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Pemex alcanzaron un costo de más de 5 millones de euros. 

“Usando la tensa situación de seguridad y la guerra contra las drogas como justificación, el gobierno ha aumentado sus poderes de vigilancia. Una serie de investigaciones arrojaron luz sobre el uso indebido por parte de México de las tecnologías de espionaje digital destinadas a perseguir a criminales y terroristas”, refiere el informe.

El índice de Freedom House mide el nivel de libertad de internet y medios digitales de 65 países de todo el mundo con base en un conjunto de preguntas metodológicas desarrolladas en consulta con expertos internacionales. También mide el acceso y la apertura de otros medios digitales de transmisión de información, en particular los teléfonos móviles y los servicios de mensajes de texto.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx 

erp