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Financieras avanzan en la prevención del fraude, pero persisten los riesgos
El estudio “Impacto de los delitos financieros en México 2024” de KPMG revela que 45% de las empresas del país han sufrido afectaciones por estafas, una cifra que subraya la urgencia del reforzamiento regulatorio.

La acelerada digitalización del sistema financiero mexicano ha traído eficiencia, pero también un crecimiento paralelo de esquemas fraudulentos. Este fenómeno ha obligado a las instituciones a reforzar controles y a adaptarse a nuevos riesgos, un mandato que ya comenzó a permear la regulación, de acuerdo con un análisis reciente sobre la prevención del fraude de la consulta KPMG.
Un ejemplo clave es la modificación a la Circular Única de Bancos, emitida en junio del 2024, que incorporó medidas obligatorias para prevenir el robo de identidad, el uso indebido de información financiera y los ataques electrónicos.
En ese contexto, el estudio “Impacto de los delitos financieros en México 2024” de KPMG revela que 45% de las empresas del país han sufrido afectaciones por fraude, una cifra que subraya la urgencia del reforzamiento regulatorio. Las modalidades más comunes, el conflicto de interés con 55% y el robo de identidad con 44%, continúan presionando a las instituciones financieras, especialmente a aquellas que deben equilibrar eficiencia operativa con controles estrictos.
“La evolución del fraude avanza al mismo ritmo que la tecnología, lo que obliga a las organizaciones a fortalecer sus programas de prevención, detección y respuesta para enfrentar este desafío”, resalta Daniel Ortiz de Montellano, director de Forensic de KPMG México, en el análisis.
El documento destaca además que cuatro de cada 10 compañías han sido víctimas de ciberataques, principalmente a través de phishing y suplantación de identidad en redes sociales. Esta tendencia justifica la exigencia regulatoria de capacitar a los usuarios y adoptar ajustes razonables para personas en situación de vulnerabilidad, elementos incluidos también en la Circular Única de Bancos.
Aunque los riesgos tecnológicos se multiplican, el estudio Global Profiles of the Fraudster muestra un contraste significativo, solo 5% de los incidentes de fraude reportados se consideran tecnológicos.
Esto significa que, a pesar de la irrupción de herramientas como la Inteligencia Artificial para crear deepfakes, es decir, contenidos audiovisuales falsificados mediante algoritmos que imitan voces, rostros o gestos de manera muy realista, la mayoría de los fraudes sigue ocurriendo mediante métodos tradicionales, impulsados por el oportunismo y la búsqueda de ganancia personal.
Prevención desde el interior
Por otra parte, el análisis de la consultora indica que el perfil del perpetrador interno permanece consistente: personas que se identifican con el género masculino, entre 36 y 55 años, con más de una permanencia superior a seis años en la institución. Aunque los niveles operativos concentran parte de los casos, los puestos ejecutivos representan 30%, un dato especialmente crítico para el sector financiero, donde las responsabilidades estratégicas amplifican los riesgos.
Diversos mecanismos de control, como las líneas de denuncia, han mostrado gran efectividad, con 45% de detección de irregularidades. Esto confirma la necesidad de mantener canales confidenciales, accesibles y protegidos, alineados con las políticas de ética y cumplimiento que exige el entorno financiero actual.
Además, el análisis de la consultora destaca que Iniciativas como la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude, impulsada por la Asociación de Examinadores Certificados ante el Fraude (ACFE, por su sigla en inglés), subrayan que la lucha contra el fraude exige continuidad y una cultura organizacional sólida. Herramientas, controles y regulación deben complementarse con prácticas éticas y con un compromiso institucional que priorice la prevención por encima de la reacción.
El perfil del perpetrador interno permanece consistente: personas que se identifican con el género masculino, entre 36 y 55 años, con más de una permanencia superior a seis años en la institución.

