Aunque la desesperanza es la constante para los defraudados de Ficrea, pues sólo han recuperado 18.5% de lo que se les adeuda vía el concurso mercantil, todavía existen mecanismos, ligados al proceso concursal, que podrían abonar a la recuperación de dinero en beneficio de los defraudados como, por ejemplo, la demanda contra Rafael Olvera Amezcua, presunto artífice del fraude, interpuesta en Estados Unidos por el síndico liquidador, Javier Navarro-Velasco.

De acuerdo con Navarro-Velasco, aunque dicha demanda reclama bienes adquiridos en Estados Unidos por Olvera Amezcua, presuntamente con dinero de Ficrea, que tienen un valor estimado de 65 millones de dólares, se busca que el presunto culpable pague más de 200 millones de dólares, siempre y cuando se determine su culpabilidad en el caso.

“La cantidad que estamos reclamando es de cerca de 210 millones de dólares, tenemos bienes detectados (que se obtuvieron con dinero de Ficrea) con un valor de 65 millones de dólares y, definitivamente, el dinero que obtengamos ahí es para beneficio de los acreedores”, explicó en entrevista el síndico.

Navarro-Velasco indicó que, en la actualidad, se lleva a cabo la entrega de pruebas que serán presentadas en una audiencia en una corte de Miami, Florida, en noviembre próximo, con el objetivo de determinar la culpabilidad de Olvera Amezcua en este fraude a más de 6,800 personas.

“Ya contestó la demanda Olvera así como todos los demandados (familiares de Olvera), estamos ahorita en la entrega de documentos, de pruebas para el juicio y, hasta este momento, la audiencia está programada para noviembre del 2018; sin embargo, podría haber algún cambio”, detalló el síndico de este proceso.

Hace algunas semanas, el mismo Navarro-Velasco informó los asuntos que se aprobaron y que se determinarán en el juicio contra Olvera Amezcua y algunos de sus familiares en Estados Unidos.

Según lo informado por el síndico, serán seis asuntos por los que los acusados tendrán que responder, entre los que se encuentran violaciones a la Ley Federal contra la Extorsión Criminal y las Organizaciones Corruptas, del estado de Florida, esto por cometer actos contrarios a la ley en perjuicio de Ficrea y sus inversionistas.

Asimismo, se les acusa por realizar transferencias para evitar que Ficrea y sus inversionistas puedan recuperar su dinero; por hurto civil y hurto civil calificado, esto último con el fin de que se le pongan penas especiales por su conducta.

De acuerdo con Navarro-Velasco, todavía se analiza la posibilidad de imponer este tipo de procedimientos en otros países, donde presuntamente Olvera Amezcua adquirió bienes con dinero de Ficrea; no obstante, hasta el momento todavía no hay nada definido. “Estamos en estudio de las demandas, viendo que realmente existan los elementos suficientes para ir a presentar los juicios”.

SE AVANZA EN RECUPERACIÓN DEL YATE

Uno de los bienes que más han causado polémica en este caso es un yate anclado en Puerto Vallarta, que podría valer alrededor de 1.2 millones de dólares, el cual se ha buscado integrar a la masa de activos dentro del concurso mercantil para su posterior monetización, pero hasta la fecha todavía Navarro-Velasco no puede disponer del mismo.

La causa, según el síndico, es que hasta hace algunos meses no se podía acreditar que dicho yate, en posesión de la Procuraduría General de la República (PGR), fuera adquirido con dinero de Ficrea, pero esto cambió, pues Navarro-Velasco obtuvo un documento en Estados Unidos que acredita que el dinero de los ahorradores se utilizó para su adquisición.

El dueño de la empresa, que se dice dueña del yate, es uno de los directivos de Ficrea y el domicilio que se dio para su compra es la de Ficrea en México. “No hay duda que ese yate le pertenece a Ficrea”, acotó Navarro-Velasco.

Tanto lo que se obtenga de la demanda en Estados Unidos como los bienes que se recuperen, algunos de ellos todavía en posesión de PGR, servirán para su monetización en beneficio de los 4,900 acreedores del concurso mercantil que hasta el momento han recibido cuatro pagos equivalentes a 18.5% de la deuda reconocida en este proceso que lleva más de dos años.

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