A las 15:00 horas de este miércoles la oficialía de partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cerró sus operaciones de forma tranquila. “Fue un día normal, no hubo nada extraordinario”, dijo a El Economista uno de los encargados de la vigilancia de esta unidad de la dependencia, donde se recibieron todas las solicitudes de las instituciones de tecnología financiera (fintech) para conseguir el aval de las autoridades para realizar sus operaciones.

Nadie llegó a última hora, nadie pidió al vigilante que aplazara el cierre de la oficialía, todo transcurrió en calma. Este miércoles 25 de septiembre venció el plazo para que las plataformas fintech, previstas en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, solicitaran a la CNBV su autorización para operar bajo dicho normativo.

Esta fase normativa comenzó en marzo del 2018, cuando se promulgó dicha ley, misma que se aterrizó en septiembre de ese mismo año, con la promulgación de las primeras leyes secundarias del marco normativo, que definieron temas para que estas plataformas pidieran su solicitud, tales como el capital mínimo, planes de continuidad de negocio, límites de efectivo, reglas contables, de seguridad de información, entre otros.

 

El proceso regulatorio inició en el 2013, cuando una plataforma extranjera preguntó a la CNBV sobre cómo estaba el tema de regulación fintech en México. A partir de ahí, las autoridades  financieras comenzaron a la identificación y acercamiento con este tipo de plataformas, para conocer de qué forma podrían regularlas.

Fueron años de estudio y análisis del tema fintech en el mundo. Los ojos de los reguladores voltearon a ver jurisdicciones como Reino Unido, India, Singapur, entre otros, para ver los avances regulatorios en esta materia.

En ese contexto, el ecosistema fintech en México ya crecía a pasos importantes. En la actualidad, es uno de los hubs más relevantes, junto con el de Brasil, en América Latina. Asimismo, un estudio de la firma EY indica que siete de cada 10 usuarios digitales en México usan algún tipo de solución fintech, convirtiendo al país como el octavo en todo el mundo con mayor adopción de estos servicios.

Aunque hay diversos conteos de firmas y consultoras, según la CNBV hay 500 plataformas que ofrecen algún tipo de solución financiera por medio de la tecnología, de las cuales 201 entran en el espectro de las figuras legales que contempla la ley: instituciones de fondeo colectivo y de fondos de pago electrónico.

Estas 201 plataformas tuvieron, por ley, que pedir su autorización para operar bajo la Ley Fintech, de lo contrario sus administradores pueden enfrentar consecuencias económicas y hasta penales, por realizar actividades reservadas sin tener el aval de la autoridad para realizarlas.

 

Según la ley,  se contemplan penas de cárcel de hasta 15 años para quienes realicen una de las dos actividades reservadas por la Ley Fintech y multas que van de los 422,000 pesos hasta los 12.6 millones de pesos.

Se espera que este jueves 26 de septiembre la CNBV otorgue un conteo final de cuántas plataformas acudieron a solicitar su autorización y que en los próximos meses, seguramente en el 2020, comiencen a darse las primeras autorizaciones. La autoridad tiene un plazo de 180 días para resolver cada solicitud desde su entrega formal a la oficialía de partes.

Hubo varias plataformas, especialmente de fondeo colectivo, que aprovecharon el último día para poder meter su solicitud de autorización, sin que se haya registrado una contingencia atípica en la oficialía de partes de la CNBV. 

Este marco normativo involucra a la CNBV, al Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en la regulación y supervisión de estas nuevas figuras.

Las puertas de la oficialía de partes de la CNBV, donde se tenía que ingresar la solicitud para operar bajo la Ley Fintech, se cerraron sin imprevisto alguno. El éxito o el fracaso de esta ley, sólo el tiempo lo dirá.

kg