El desarrollo de la tecnología digital y sus aplicaciones en todos los aspectos de nuestra vida diaria ha generado el surgimiento de numerosas empresas que, a través de diversas plataformas tecnológicas, ofrecen una amplia gama de productos y servicios a los consumidores de forma rápida y accesible. En el sector financiero, esto se ha traducido en el surgimiento de las empresas fintech (financial technologies).

Este término se ha utilizado para describir un variado conjunto de actividades y servicios que va desde educación y gestión financiera, hasta pagos, préstamos, créditos con fondeo colectivo (crowdfunding) o aplicaciones tecnológicas para instituciones financieras.

“Las empresas fintech se basan en modelos de negocios que utilizan la innovación disruptiva consistente en un proceso mediante el cual la tecnología permite la entrada de nuevos proveedores de bienes y servicios que son más accesibles y que tienen un alto potencial para desplazar total o parcialmente a los competidores establecidos”.

Existe un consenso de que la regulación aplicable al sector fintech no necesariamente debe ser igual a la regulación aplicable a los intermediarios financieros tradicionales, con el reto de lograr un balance entre alentar la innovación —que constituye el rasgo característico de las fintech— y salvaguardar la solidez de las instituciones. 

México es, junto con Brasil, el país latinoamericano con el mayor desarrollo de empresas fintech.

Finnovista estima que las empresas fintech de México estarán compitiendo por captar hasta 30% del mercado bancario del país en los próximos 10 años.

En México se publicó el 9 de marzo de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reformaron diversas disposiciones de otras leyes financieras.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) regula:

Los servicios que prestan las instituciones de tecnología financiera (ITFs) las cuales pueden ser (i) instituciones de financiamiento colectivo (IFC), o (ii) instituciones de fondos de pago electrónico (IFPE).

Asimismo regula la organización, operación y funcionamiento de los servicios que se presenten a través de un modelo novedoso, que es aquel que sirve para la prestación de servicios financieros utilizando herramientas o medios tecnológicos con modalidades distintas a las existentes en el mercado, al momento en que se otorgue la autorización respectiva.

En cuanto a los activos virtuales, el Banco de México determinará las condiciones para que estos activos sean considerados como tales y establecerá restricciones de uso.

La aplicación de la Ley Fintech está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef); al respecto, la SHCP y otras comisiones también tienen un papel importante, particularmente en lo que respecta a las sociedades que operen bajo un modelo novedoso.

Los costos regulatorios para las empresas fintech se relacionan principalmente con la exigencia de un capital mínimo, el mantenimiento de estructuras de gobierno que cumplan los perfiles y funciones que establece la ley, el establecimiento de controles internos robustos, así como mecanismos de administración de riesgos, el cumplimiento de la normatividad relativa a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cumplimiento con los reportes regulatorios, plataformas tecnológicas que cumplan con los más altos estándares de seguridad informática, así como los costos de la supervisión que realiza la propia CNBV. Adicionalmente, deberán cumplir con las disposiciones de la Condusef. Estos costos actuarían también como barreras a la entrada ante el fuerte crecimiento de las empresas fintech, aunque también podrían repercutir en un aumento en el costo del crédito y los servicios ofrecidos por estas empresas.

El autor es Senior Counsel en BGBG Abogados.

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