Retrocede el acceso a la salud en México; avance desigual en la seguridad social entre 2016 y 2024

En los últimos ocho años, México ha registrado un retroceso importante en el acceso a la salud de su población. En contraste, el acceso a la seguridad social sí ha logrado avanzar en estos años, pero con importantes desigualdades regionales y de género. 

En términos de salud, se observó que la población con acceso efectivo a este derecho cayó cerca de 19 puntos en este periodo, de acuerdo con cifras del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Mientras en 2016 México tenía a 84 de cada 100 personas con cobertura médica, para 2024 este nivel cayó a sólo 66 de cada 100 habitantes. Lo que implica que, según el dato más reciente disponible, un 34% de los mexicanos no tiene acceso efectivo a servicios médicos públicos ni privados.

En contraste con el retroceso en salud, el acceso a la seguridad social mostró una mejoría de casi seis puntos porcentuales. En 2016 el acceso efectivo a este derecho era de 45.9%, mientras que para 2024 esta cifra creció a 51.8 por ciento.

Pese a este importante avance, los retos son grandes debido a que sólo la mitad de los mexicanos están afiliados a alguna institución de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE.

Los resultados, además, muestran importantes brechas regionales y de género, que reflejan un impacto diverso entre grupos poblacionales.

Brechas regionales

En materia de salud, a nivel estatal las diferencias son marcadas: la cobertura de este derecho es del doble en algunos estados del norte en comparación con algunos estados del sureste mexicano. 

En 2024, Nuevo León y Baja California Sur concentraron los porcentajes más altos de población sin carencia por acceso a salud, con niveles iguales o superiores a 80 por ciento. Chiapas registró el nivel más bajo del país: apenas 36.7% de su población no presentó esta carencia. 

En términos de accesibilidad geográfica, 93.3% de la población reportó que tardaría menos de dos horas en llegar a un hospital ante una emergencia, cifra similar a la de 2016 (93.9 por ciento).

Sin embargo, persisten rezagos en el sur del país. Oaxaca presentó el porcentaje más bajo (75.2%), mientras que Chiapas y Guerrero oscilaron entre 81.1% y 86.0%, reflejando barreras asociadas a condiciones orográficas e infraestructura.

Por su parte, en materia de seguridad social se observa que la cobertura es muy desigual entre entidades. En los estados sureños Chiapas, Oaxaca y Guerrero apenas 1 de cada 4 habitantes tienen acceso a seguridad social, mientras que en entidades del norte como Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur esta cifra supera el umbral de 71.4% de población.

Entre las personas adultas mayores no económicamente activas, el acceso a pensiones no contributivas aumentó. 

En 2024, 40.1% de la población de 60 años y más en esta condición recibió una pensión, frente a 32.6% en 2016. Oaxaca, Chiapas y Guerrero reportaron coberturas iguales o superiores a 55.1%, los niveles más altos del país.

Brechas de género

El componente de brechas de desigualdad revela disparidades persistentes entre mujeres y hombres, particularmente en indicadores vinculados a seguridad social. 

En 2024, 51.8% de las mujeres de 15 años o más participó en el mercado laboral, frente a 79.2% de los hombres, lo que implica una brecha de 27.3 puntos porcentuales. Aunque la diferencia se redujo respecto a 2016 (30.8 puntos), sigue siendo amplia. 

La maternidad acentúa la desigualdad. Entre mujeres de 25 a 44 años, 63.3% de quienes tienen hijas o hijos participó en el mercado laboral, contra 81.3% de aquellas sin descendencia, una brecha de 18 puntos porcentuales prácticamente sin cambios en ocho años. 

La situación es más crítica entre mujeres indígenas adultas mayores en el ámbito rural: 96.7% nunca ha cotizado en una institución de seguridad social. La diferencia respecto a mujeres no indígenas urbanas alcanza 39 puntos porcentuales, una brecha mayor a la registrada en 2016.

El SIDS, alineado al Enfoque Basado en Derechos Humanos, mide no sólo carencias, sino el grado en que el Estado garantiza condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad en derechos sociales clave como salud y seguridad social. También identifica brechas estructurales entre grupos poblacionales.