Entre los delitos con mayor incidencia en las 32 entidades del país se encuentra la violencia familiar. Entre enero y abril de este año se han registrado 60,834 carpetas de investigación, lo que refleja un incremento de 4% en comparación con el mismo periodo del 2018.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer cuatrimestre del 2018 se contabilizaron 58,523 casos de violencia familiar.

Las entidades con mayor incidencia de este delito en el 2019 son Ciudad de México con 7,622 carpetas de investigación, la entidad con la mayor cifra; Nuevo León con 4,589; y Guanajuato con 3,633 carpetas de investigación.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia. Sin embargo, mujeres, niñas y niños son las personas más vulnerables.

Además, la violencia doméstica es un factor determinante para el aumento de otros delitos y la deserción escolar.

El organismo nacional establece que la violencia familiar se puede manifestar de distintas maneras, como el daño a la integridad física de otra persona, maltrato que se manifieste con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones e intimidación y daño directo o indirecto al patrimonio.

También se cuentan las agresiones sexuales, las acciones que afecten la economía de la víctima, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y vulnerar el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva.

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, por lo que debe brindar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes plantea el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la restitución de las víctimas.

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