Hace unos meses, un hombre se le acercó por la espalda a una jovencita de la colonia Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Apatzingán, Michoacán;  la agarró del hombro para impedirle moverse. Se le acercó todavía más y le dijo, casi al oído: “salúdame a tu papá”. La familia de esa mujer entendió perfectamente el mensaje. Al día siguiente tuvo que salir huyendo para Uruapan y 15 días después ya estaba en Tijuana, para pedir asilo en Estados Unidos. Se lo concedieron y ya están en esa nación.

Ese es tan solo uno de los testimonios que cuentan miles de personas que se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen por motivos de violencia y que durante los últimos meses han generado una avalancha ─que se incrementa constantemente─ hacia la frontera norte de México.

El problema es que no todos corren esa suerte. Sólo tres de cada 100 solicitantes de asilo que consiguen refugio son mexicanos. Los demás son devueltos a la frontera, no en calidad de solicitantes de refugio con una situación de alta vulnerabilidad, sino simplemente como repatriados.

Las autoridades migratorias mexicanas, cuando los auxilian, al momento de ser repatriados por alguna de las garitas de la línea fronteriza, sólo les dan un sándwich, les permiten hacer una llamada y les ofrecen un pasaje en camión de regreso a sus comunidades, al mismo infierno del que vienen huyendo.

Durante los últimos tres años, en las ciudades mexicanas ubicadas en la frontera con Estados Unidos, se ha registrado un notable incremento en la llegada de mexicanos huyendo de la violencia que se vive en sus lugares de origen, quienes, una vez allí, se convierten en los protagonistas de una situación cruel: arriban como desplazados forzados internos, cruzan a Estados Unidos, donde se vuelven migrantes solicitantes de asilo, a la amplia mayoría los regresan en calidad de repatriados y vuelven a adquirir la categoría de desplazados contra su voluntad. Los menos, permanecen en espera de juicio para saber si les otorgarán el asilo. Lo único que no cambia es que se trata de personas que están huyendo en condiciones de alta vulnerabilidad, escondidos en esa orilla de México.

No es un fenómeno nuevo, pero resurge

El Desplazamiento Forzado Interno (DFI), como se le llama al hecho de salir huyendo de su lugar de residencia para salvar la vida o integridad física, no es nuevo en el país, pero en los últimos meses ha tomado visibilidad, particularmente en el norte, aunque no es el principal destino de los desplazados.

Pablo Daniel Cavada Rodríguez, investigador de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que el desplazamiento forzado interno por violencia acusa una tendencia a la alza durante los últimos años, desde distintos puntos del país. Particularmente desde Michoacán, donde, en 2021, fueron desplazadas alrededor de 26,000 personas y en 2021 alrededor de 35,000, por la presencia de bandas de la delincuencia organizada.

Mencionó que, de acuerdo con organizaciones civiles, actualmente en Tijuana hay alrededor de 3,000 personas de Michoacán desplazadas por la violencia.

El especialista expuso que, en 2016, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos identificó alrededor de 22,000 personas desplazadas en el país. A partir de ahí se registró una tendencia a la baja y, para 2019, la cifra bajó a alrededor de 8,000; sin embargo, en 2020, el número aumentó a 9,700 y para 2021 se espera que llegue a la escandalosa cifra de 40,000 desplazados.

De acuerdo con los resultados del monitoreo permanente que realiza la CMDPDH sobre el desplazamiento interno en México, de enero a octubre de 2021, se registraron 36,682 desplazamientos por violencia lo que significa un incremento considerable, comparado con el mismo periodo de 2020, cuando ocurrieron 7,486, aunque hay que considerar las medidas de confinamiento decretadas por el gobierno para contener la pandemia de la Covid-19.

Además de Michoacán, el problema se concentra en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Chiapas es el segundo estado con mayores desplazamientos de este tipo, pero en este caso, al igual que en Oaxaca, se deben más a motivaciones de tipo político y conflictos por la tenencia de la tierra.

Cavada Rodríguez comentó que, además de Michoacán, algunos desplazamientos de Guerrero se desplazan hacia la frontera.

Por su parte María Inés Barrios de la O, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Coleff), destacó que el repunte del desplazamiento forzado interno hacia la frontera norte del país que se vive actualmente, es precedido por el ocurrido en 2008, a consecuencia del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” desplegada por el gobierno del presidente Felipe Calderón contra bandas del crimen organizado, lo que generó prolongados episodios de violencia de alto impacto en diferentes regiones del país.

En esa ocasión los desplazamientos ocurrieron particularmente en Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas, donde la violencia motivó que familias enteras salieran huyendo de sus comunidades. El desplazamiento interno se volvió elocuente para 2010 y 2011.

Para 2014, era evidente el incremento de migrantes desplazados deambulando en calles de Tijuana, principalmente. Era un flujo constante, no tan visible, pero evidente si se revisaban los registros de los albergues.

A partir de 2019 repunta el desplazamiento forzado interno hacia la frontera norte

A partir de 2019, particularmente luego de las caravanas de migrantes centroamericanos, comenzó a detectarse un repunte en la llegada a ciudades fronterizas de mexicanos solicitantes de asilo.

Barrios de la O detalló que el fenómeno se hizo evidente debido a que los mexicanos no eran incluidos en las listas de solicitantes de asilo bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por su sigla en inglés), mejor conocidos como “Quédate en México”, pero había muchos queriendo hacer el trámite.

Si bien en 2020 Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de asilo, debido a las medidas sanitarias para contener la pandemia de la Covid-19, hay otros indicadores que permiten tener una idea de la dimensión de la población que llega hasta la frontera norte desplazada, principalmente por violencia.

De acuerdo con reportes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el año fiscal 2019, que se cuenta de octubre a septiembre, Estados Unidos repatrió a 237,078 mexicanos. Para 2020 la cifra fue de 297,711 y para 2021 fue de 655,594.

Los mismos datos señalan que de enero a diciembre de 2019, Estados Unidos devolvió a México a 252,393 mexicanos, y representaron 27.38% del total de extranjeros no admitidos en esa nación producto de “encuentros en la frontera terrestre con México, al año siguiente la cifra aumentó a 362,251, es decir, 66.13%; con todo y las medidas para contener la pandemia y, de enero a noviembre de 2021, la cifra fue de 654,418, que representó 35.28 por ciento.

Ciudad Juárez atendió a más de 4,000 desplazados en 2019

De acuerdo con Barrios de la O, en el caso de Ciudad Juárez, los mexicanos desplazados por la violencia que buscaban asilo en Estados Unidos, comenzaron a instalarse en casas de campaña en las inmediaciones de los puentes internacionales. Llegaron a contabilizarse más de 4,000 personas.

Según los resultados de la Encuesta sobre Mexicanos Desplazados Solicitantes de Asilo Político–Ciudad Juárez 2019 (Enmedesa), elaborada por El Colegio de la Frontera Norte, 56.7% personas eran originarias de Michoacán; 18.1 de Zacatecas, 17.1% de Guerrero y 3.5% de Chiapas.

Al preguntarles los motivos por los que solicitaban asilo, 43.9% respondieron que la primera razón era por inseguridad, 28.3% por violencia por narcotráfico. Al pedirles una segunda razón 29.1% dijeron que por amenazas, extorsión y cobro de piso y 28.1% por violencia por narcotráfico. El 48% eran menores de edad.

Si bien los campamentos de migrantes mexicanos desplazados por violencia en Ciudad Juárez hoy en día ya no existen, en los albergues ha crecido la población de mexicanos.

Barrios de la O informó que durante el primer semestre de 2021, alrededor de 70% de los migrantes atendidos en esos lugares fueron mexicanos.

En el primer trimestre de 2021, más de 2,300 migrantes mexicanos ocuparon los espacios de atención en Ciudad Juárez.

Tijuana, el principal destino de migrantes que huyen de violencia

Ese patrón se repite en Tijuana, donde durante el mismo periodo comenzó a observarse el incremento de una llegada significativa de mexicanos desplazados internos solicitantes de asilo.

Enrique Lucero Vázquez, director de Atención al Migrante del municipio de Tijuana, comentó que, a partir del segundo semestre de 2021, se notó un crecimiento considerable en la llegada de migrantes mexicanos desplazados por la violencia en sus lugares de origen hacia Baja California.

Calcula que actualmente hay en esa ciudad alrededor de 1,500 migrantes mexicanos que buscan asilo en Estados Unidos. 

Tan solo en el campamento habilitado desde febrero de 2021 en la zona de El Chaparral, para alojar a personas con la intención de solicitar asilo, donde originalmente había en su mayoría extranjeros, ahora hay 520 personas, la mitad son mexicanos y de éstos la mitad menores de edad.

Dijo que si bien tradicionalmente la llegada de mexicanos a la frontera norte del país, con la intención de llegar a Estados Unidos era por motivos económicos, actualmente la mayoría son desplazados por la violencia.

El funcionario destacó que ese tipo de migrantes buscan los albergues oficiales donde se sienten más seguros.

Mencionó que muchos de los mexicanos desplazados por violencia que llegan a Tijuana y les niegan el asilo para ingresar a Estados Unidos se desplazan a otras entidades, algunos se quedan y otros incluso regresan a sus estados, pero a un municipio distinto.

En el caso de los que deciden regresar a sus lugares de origen, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, le envía cartas a los presidentes municipales de esos lugares para informales que sus ciudadanos van de regreso, para que los protejan.

José Ascensión Moreno Mena, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y presidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante, dijo que se calcula que en Tijuana y Mexicali actualmente hay alrededor de 7,000 migrantes nacionales y extranjeros, que buscan llegar a Estados Unidos o bien aún no deciden si se quedarán o a dónde se irán.

De esa cantidad, alrededor de 5,000 se encuentran en alguno de los alrededor de 38 albergues o espacios habilitados para atender a los migrantes, principalmente en Tijuana donde hay alrededor de 30. Justamente en esta última la mayoría son mexicanos. Entre un 60 y 70% son nacionales, mientras que en Mexicali 80% son extranjeros, especialmente haitianos.

Los alrededor de 2,000 migrantes restantes se encuentran rentando espacios en diferentes colonias de la ciudad o alojados con familiares o conocidos.

Algunos cálculos señalan que en Tijuana hay alrededor de 4,000 migrantes, de los cuales 3,000 son mexicanos.

Moreno Mena dijo que los mexicanos desplazados por la violencia generalmente se concentran en Tijuana y son originarios principalmente de Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

El especialista comentó que de 2014 al 2016 hubo un flujo de migrantes mexicanos desplazados por la violencia a Baja California, pero ya para 2018, prácticamente ese tipo particular de flujo de personas había desaparecido, pero en 2020 resurgió, aun con las restricciones determinadas para contener la pandemia de la Covid-19.

Indicó que son gente que está dos o tres meses en los albergues y de ahí se van generalmente a los asentamientos en las afueras de la ciudad.

En ese sentido, el padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, dijo que en ese centro de atención en particular detectaron que durante los dos últimos meses de 2021 se notó un incremento en la llegada de mexicanos. “Todos con la misma historia: escapando de la violencia”.

Generalmente son gente que huye de personas involucradas con bandas de la delincuencia organizada.

Informó que actualmente 30% de los atendidos en ese centro son mexicanos.

De acuerdo con el director, esas personas generalmente pasan hasta 40 días en el albergue, en lo que encuentran algún trabajo y se quedan en la ciudad o bien se desplazan hacia otra ciudad.

Pocos mexicanos solicitantes de asilo lo consiguen

Lo delicado de este tipo de migración es que se trata de personas que buscan protección y generalmente no la consiguen.

En ese sentido, Barrios de la O llamó la atención que son muy pocos los mexicanos que buscan la condición de asilo en México lo obtienen, debido a que no logran convencer a los jueces estadounidenses que hay un temor fundado en regresar a sus comunidades. Para ser más claros, que su vida corre peligro si regresan al lugar del cual huyen.

En el año fiscal 2017, Estados Unidos tramitó un total de 144,662 solicitudes de asilo y para 2019 el número se elevó a 201,572, de las cuales 14.4% eran de personas de origen mexicano. 

Del total de solicitudes de ciudadanos de todo el mundo, poco más de 11% fueron aceptados y de ellos 2.9% fueron de mexicanos.

Destacó que  las ciudades fronterizas tienen una cantidad importante de personas migrantes (alrededor de 40%), lo cual permite creer que una cantidad de mexicanos que llegan a la frontera, en lugar de permanecer en los albergues busca alojamiento en colonias donde están sus familiares o conocidos.

Quienes usan los albergues son los que viven situaciones delicadas, no sólo  porque es donde tienen la oportunidad de esperar estos procesos de petición de asilo, sino porque los consideran espacios de seguridad, particularmente los albergues oficiales.

Barrios de la O  dijo que algunos migrantes han denunciado que identificaron a personas en Tijuana que los venían persiguiendo.

Recordó que muchas de las personas que están en la frontera no han intentado cruzar, sino que esperan a que se dé un mecanismo para solicitar el asilo y no arriesgarse a cruzar.

Los mexicanos son los que más se arriesgan a cruzar la frontera de manera irregular. Algunos lo logran y lógicamente no son contabilizadas.

diego.badillo@eleconomista.mx

kg