Con 395 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

La legislación busca reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en México, y establece atribuciones y la distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios y organismos autónomos.

Con dicha ley se ordena la creación del Programa nacional para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en México, y en su diseño deberá participar la Secretaría de Gobernación (Segob). También se deberá integrar un fondo ante casos de desplazamiento.

El dictamen aprobado en San Lázaro indica que en el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el desplazamiento forzado interno en México ha estado relacionado principalmente con la violencia que generan los grupos del crimen organizado, y que los proyectos de desarrollo a gran escala también han sido causantes de este fenómeno.

Asimismo, que en mayo del 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el primer “Informe especial sobre desplazamiento interno en México”, en el cual se resaltó que la mayoría de las víctimas de esta problemática son personas que huyen de la presencia del crimen organizado, de extorsiones, conflictos internos permanentes y operaciones militares, entre otras causas.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe ‘Situación de los derechos humanos en México (2015)’ emitió algunas de las siguientes recomendaciones al Estado mexicano en materia de desplazamiento interno: Crear una ley sobre desplazamiento interno que incorpore los principios rectores del desplazamiento interno y que cuente en el ámbito federal con una institución que sea responsable de proteger a las víctimas”, se lee en el dictamen avalado por los diputados.

Durante la discusión, la diputada de Morena, Beatriz Pérez, destacó que con la creación de un mecanismo nacional se podrán elaborar diagnósticos, líneas de trabajo, objetivos estratégicos, monitoreo e identificación de áreas de oportunidad para la correcta atención del desplazamiento forzado interno.

Por su parte, el legislador Fernando Torres (PAN) indicó que con su aprobación las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán sujetarse a los principios de certeza, confidencialidad, debido proceso y respeto a la dignidad; también se contará con recursos para atender el problema y un registro de personas desplazadas.

En su intervención, el coordinador de las y los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, declaró que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno cuya previsión y tratamiento adecuado se ha postergado durante años.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el proyecto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

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