Por segundo año consecutivo, un grupo de al menos 30 niños fueron presentados como integrantes de la policía comunitaria organizada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en el poblado de Ayahualtenpa, del municipio indígena, José Joaquín Herrera, en Guerrero.

Con armas en mano y tras ser aprobados por la asamblea comunitaria de Ayahualtempa, los menores de entre seis y 15 años marcharon en las principales calles del poblado, junto con otros 17 menores que se habían integrado a la policía rural en enero de 2020, para exigir al gobierno federal que apoye a las familias desplazadas por la violencia.

Durante su presentación, los niños exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, que apoye a nueve viudas, 14 niños huérfanos y a 34 indígenas desplazados de la comunidad de Acotapaxtlán, en Guerrero, quienes fueron víctimas del grupo delictivo conocido como Los Ardillos.

Los menores recibieron adiestramiento para el uso de armas de fuego para defender a sus comunidades de ataques del grupo delictivo, según se informó.

El vocero de la policía comunitaria, Bernardino Sánchez Luna, añadió que decidieron integrar a más niños debido a que el gobierno del estado ha incumplido los compromisos que adquirió el año pasado.

“Aceptar a niños en el cuerpo de seguridad es para llamar la atención y para que los menores defiendan a sus pueblos, pues las autoridades de seguridad pública no lo hacen”, reconoció.

Advirtió que si el gobierno federal no atiende sus exigencias, impedirán la instalación de casillas electorales en la zona el 6 de junio próximo.

maritza.perez@eleconomista.mx