El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconoció la validez de la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante la cual resolvió que la empresa Advanced Computer Knowledge es responsable y debe resarcir el daño causado al erario por 39 millones 834,400 pesos, cuando fue subcontratada por la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar un programa alimentario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), caso que formó parte del esquema de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

Por unanimidad, los 11 magistrados presentes en la sesión del pleno jurisdiccional de este miércoles apoyaron la ponencia presentada por el magistrado Carlos Mena Adame, según la cual, la empresa que acudió a esa instancia en calidad de demandante para impugnar la decisión de la ASF y solicitar su sobreseimiento, no tiene la razón jurídica.

La resolución del tribunal plantea que resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento, debido a que la empresa no acreditó los extremos de su pretensión y, en consecuencia, se reconoce la validez de la resolución impugnada.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, la empresa impugnó la resolución emitida el 24 de mayo de 2019 por la directora general de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, quien resolvió la responsabilidad resarcitoria atribuida a esa empresa por la cual deberá responder, de manera solidaria mancomunada, respecto del daño ocasionado a la hacienda pública federal.

El magistrado ponente, Carlos Mena Adame dijo que al analizar las pruebas documentales con base en las cuales la ASF determinó la existencia de responsabilidad resarcitoria así como las exhibidas por la empresa para tratar de desvirtuar las mismas se concluye que el acto controvertido se encuentra debidamente fundado y motivado, en razón de que sí se acredita la responsabilidad imputada así como la relación causal y el daño a la  hacienda pública federal.

En 2013, la Sedesol contrató a la Universidad Autónoma del Estado de México para diseñar e implementar un programa de redes nutricionales a escala nacional y ésta, a su vez, subcontrató a Advanced Computer Knowledge, lo cual fue reconocido por su representante legal.

También se encontró evidencia de que, mediante transferencias bancarias realizadas del 26 de junio al 3 de julio de 2013, recibió el monto de 39 millones 834,400 pesos por la prestación del servicio.

El ministro explicó a sus pares en el pleno que la ASF advirtió y documentó irregularidades en la prestación de los servicios, las cuales se hicieron del conocimiento de la empresa, mismas que se reiteraron en la resolución impugnada. Concretamente se halló que los servicios no fueron recibidos conforme a las especificaciones contratadas.

Eso se corroboró mediante visitas realizadas a las 11 localidades que supuestamente se vieron beneficiadas con los paquetes de despensas y artículos promocionales de las operaciones del programa alimentario por lo que fue subcontratada la demandante.

Se advirtió que de las 500,000 despensas y dos millones 294,058 artículos diversos entregables, únicamente fueron recibidas 39,492 despensas y un millón 294,130 artículos. Es decir, se observó una diferencia no entregada de 460,508 despensas y 999,928 artículos diversos.

De acuerdo con la investigación periodística conocida como la Estafa Maestra, realizada por Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, publicada en Animal Político, al menos 11 dependencias de gobierno entregaron al menos 7,670 millones de esos en contratos ilegales mediante un esquema en el que utilizaron a ocho universidades, entre ellas la Autónoma del Estado de México y 186 empresas fantasma, presuntamente fantasmas, sin antecedentes registrales, sin dirección, desmanteladas, inexistentes, no localizadas por la ASF o cuya razón social no coinciden con sus servicios o presuntamente irregulares.

diego.badillo@eleconomista.mx

kg