Las leyes Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y de Austeridad Republicana, reformas insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han causado malestar en miles de servidores públicos que han acudido a los tribunales.

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hasta el año pasado se habían interpuesto al menos 4,599 demandas de amparo que contenían a unos 25,174 quejosos que consideraban como ilegal la aplicación de la ley de remuneraciones.

En tanto que, de acuerdo con datos del bufete de abogados Trusan y Roma, unos 6,900 servidores públicos federales han buscado sus servicios con el objetivo de ampararse ante la Ley de Austeridad Republicana.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la administración pública federal hay un estimado de 1 millón 634,629 servidores públicos.

Si se suman ambas cifras, tanto las del despacho como las del Consejo de la Judicatura Federal, aproximadamente 2% de los servidores públicos federales han buscado ampararse ante ambas leyes que impulsan la austeridad en el servicio público a través de la reducción de prestaciones y salarios de los funcionarios, además de estipular restricciones para los servidores que busquen irse a la Iniciativa Privada.

Ejemplos de recursos

En el portal de versiones públicas del CJF hay hasta la fecha unos 2,000 pronunciamientos de los tribunales federales sobre amparos directos, indirectos y en revisión, interpuestos en contra de la ley de remuneraciones que, cabe recordar, estipula límites como que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República.

Al consultar la base de datos, se observa una gran cantidad de amparos  como, por ejemplo, uno con fecha del pasado 6 de febrero.

En la versión pública de la sentencia, a cargo del juez primero de distrito Diego Alejandro Ramírez Velázquez, del juicio de amparo indirecto 1273/2019, se puntualizó que:

“La parte quejosa formuló en su demanda y ampliación de ésta diversos conceptos de violación encaminados a demostrar vicios en el procedimiento legislativo que dio origen al decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal”.

El servidor público demandante cuestionó en particular la legalidad del párrafo tercero del artículo 12 de la Ley Federal de Remuneraciones, que señala que los contratos colectivos de trabajo o las condiciones en general de trabajo se deberán ajustar a lo establecido en la Constitución y el Presupuesto de Egresos correspondiente.

El juez Ramírez Velázquez declaró como inoperante la argumentación del servidor público demandante, debido a que la Suprema Corte declaró legal el artículo.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de control de la regularidad constitucional y convencional de los actos emitidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, y como garante primordial del texto de la Constitución (...) no es susceptible de sujetarse a control constitucional por un órgano de menor jerarquía”.

“Desconocer lo anterior significaría ejercitar un medio de control de regularidad sobre otro más”, se precisó.

Como resolución al caso, el juez indicó que, tras el contexto señalado, “la justicia de la Unión no ampara ni protege” al quejoso.

Cabe recordar que los juzgados de distrito Primero y Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la CDMX son los encargados de resolver todas las demandas provenientes de los servidores públicos en contra de la ley de remuneraciones, según el Acuerdo General 4/2019 del CJF.

hector.molina@eleconomista.mx