OCDE recomienda cursos para los jueces electos

El jueves pasado, la OCDE publicó su Estudio Económico para México 2026. Aunque el documento no tiene un enfoque propiamente jurídico, el organismo dedicó un espacio para referirse a la reforma judicial, en el que hizo notar la baja votación popular en la elección, su posible impacto negativo para la inversión y, sobre todo, la falta de experiencia de los jueces electos y los efectos negativos que traería su curva de aprendizaje. Para mitigar este riesgo, la OCDE recomendó la implementación de programas de entrenamiento extensos y oportunos para los nuevos jueces y sugirió que se refuerce su integridad mediante una sólida capacitación en estándares éticos y rendición de cuentas. También recomendó que se refuercen los requisitos de elegibilidad de los jueces para futuras elecciones.

Aun cuando la OCDE fue cautelosa y objetiva con el lenguaje utilizado, sus amables sugerencias deberían provocar un mínimo sentido de responsabilidad en los impulsores y ejecutores de la reforma. Poco faltó para que el estudio recomendara la validación de habilidades básicas de lenguaje y revisión de antecedentes penales.

Y es que la OCDE está en lo cierto. Son muchas las evidencias que diariamente se registran de la incapacidad técnica notoria de los nuevos jueces. Uno de los casos más preocupantes fue la sesión del Pleno de la Suprema Corte, que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2026. El Ministro Arístides Guerrero expuso su proyecto para resolver el amparo en revisión 69/2025. Una sociedad con cláusula de admisión de extranjeros impugnó el monto a pagar por concepto de derechos gubernamentales, al haber dado el aviso de adquisición de un inmueble en zona restringida de manera extemporánea. La litis se reducía a definir si el monto a pagar transgredía los principios de proporcionalidad y equidad en materia tributaria, y el debate jurídico debía limitarse a la justificación de la diferencia entre el monto a pagar por un aviso oportuno, y uno extemporáneo.

A pesar de ello, los ministros se envolvieron en una plática coloquial sobre sus anécdotas personales, sesgos en contra de extranjeros y el cálculo, a ojo de buen cubero, de la situación económica de la quejosa.

La Ministra Ortiz Ahlf señaló que los extranjeros “están en una situación privilegiada, a diferencia de los nacionales”, exhibiendo su total desconocimiento del concepto de zona restringida, que solamente se restringe a los extranjeros, lejos de privilegiarlos. También dijo que es “absurdo que estemos protegiendo a los que por una cantidad insignificante se están adueñando del patrimonio de la Nación”. Después, expuso su preocupación por los huevos de tortuga y relató una anécdota personal cuando la “sacaron del mar” frente a un hotel.

Lenia Batres votó por negar el amparo, señalando que el pago es un costo “francamente simbólico” en contraste con las actividades turísticas “altísimamente lucrativas” que los extranjeros llevan a cabo en México.

La Ministra Ríos se sumó a la confusión de las dos anteriores, creyendo que los derechos que se pagan son para poder usar el inmueble, y no para que el Gobierno reciba el aviso con un sello y lo registre. También agregó que “son sociedades anónimas, que tienen los suficientes recursos para poder hacer ese pago”, como si la forma de la sociedad garantizara su capacidad económica.

Al ver a las ministras perdidas, los ministros intentaron retomar la litis. El Ministro Guerrero señaló que respetaba el enojo y la pasión de las ministras, refiriéndose a su resentimiento en contra de los extranjeros, pero que debían centrarse en la litis. María Estela Ríos acusó una discriminación de género por atribuir emociones a las mujeres.

Con independencia de la votación, las aportaciones de las ministras Ortiz, Batres y Ríos hacen evidente su incapacidad para comprender principios y conceptos jurídicos básicos, y lo que es peor, de advertir sus propios sesgos y resentimientos y medir el alcance de sus precedentes. Esperemos que el Estado tome en serio las recomendaciones de la OCDE.