Luego de la decisión del gobierno federal de eliminar 109 fideicomisos y el proceso para ejecutarla está en marcha en el Congreso, una de las preguntas relevantes es ¿cómo van a garantizar la seguridad presupuestaria de las instituciones y organismos que operaban con fideicomisos que se ha decidido desaparecer, cuando los programas presupuestarios ahora están sujetos a una ley de austeridad?, planteó Sarahí Salvatierra, investigadora del centro de análisis e investigación Fundar.

La especialista en temas de transparencia y combate a la corrupción dijo que esa situación está generando muchas incertidumbres, lo cual se agrava cuando el fideicomiso era utilizado para garantizar derechos humanos.

Lo que permitía ese mecanismo era que el recurso no se utilizara más que para lo que habían sido programado y ahora no se ha explicado cómo se le va a hacer para que cuando el presupuesto se necesite ahí esté, independientemente de los ciclos burocráticos, indicó.

En opinión de la investigadora, el problema es que, si bien el gobierno ha dicho que los afectados van a seguir recibiendo los recursos, no dice cómo y pareciera que no está considerando los ciclos presupuestarios.

Por otra parte, Salvatierra destacó que la investigación sobre la forma en que eran administrados los fideicomisos que decidió eliminar el gobierno federal debió hacerse antes, no después de que el proceso legislativo para su extinción está a la mitad.

 

“Pareciera que el análisis que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere utilizar para enmendar las dudas expuestas no solo por los beneficiarios sino diversos sectores de la sociedad”, dijo.

 

En ese sentido destacó que cuando se tomó la decisión de extinción se debió tener claro qué otro mecanismo financiero es el más idóneo por el cual se va a sustituir.

Expuso que si bien, debido a la pandemia de Covid-19 que enfrenta el país y el mundo, se están tomando medidas drásticas, no se justifica que sean en detrimento de otros derechos.

Había espacio para el análisis

Desde su perspectiva, sí había posibilidad de hacer un análisis del funcionamiento previo a tomar la decisión de extinción, sobre todo porque existe un ordenamiento directo en la Ley de Austeridad para realizar el proyecto de egresos para 2021 y no sabe nada de ello, aunque era obligación de mandarlo a la Cámara de Diputados para la proyección del gasto.

Sin embargo, ahora que lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en todo caso deberían hacerse esos análisis por expertos en la materia o dependencias que tienen experiencia como la Secretaría de la Función Pública y la  Secretaría de Hacienda. Esta última, además es fideicomitente único, por lo cual deberá hacer un análisis al extinguirse cada uno de esos instrumentos en cuestión.

Lo grave, desde su perspectiva, es que, como no se explica la forma en que se van a sustituir los fideicomisos, en estos momentos no es posible saber los problemas que le van a generar a quienes eran beneficiarios de esas figuras que se decidió eliminar, pues al final los fideicomisos eran parte de la solución a determinados problemas o atención a ciertas necesidades.

La especialista recalcó que, en muchos de ellos, lo que se necesitaba era transparentarlos y fortalecerlos e incluso hay varios que no se ha planteado desaparecer, donde todo parece indicar, tienen menor utilidad pública.

No se tiene garantía de cumplimiento de obligaciones derivadas de los fideicomisos ni se sabe con qué se van a sustituir. Lo peor que puede pasar es que se incremente la vulnerabilidad de grupos que ya estaban en esa situación y esos instrumentos les garantizaba atención, abundó.

“Era importante poner el ojo sobre los fideicomisos, pero con una decisión responsable”, remarcó”.

diego.badillo@eleconomista.mx