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Sin elecciones, corrupción no llega a agenda pública
Ante la falta de otros mecanismos de participación ciudadana en el país, las elecciones son cruciales para explicar la conducta de los partidos políticos, dice el Cidac.
Más allá de las herramientas disponibles para la rendición de cuentas, en México las coyunturas electorales han sido los únicos instrumentos para traer los temas y episodios de corrupción gubernamental a la opinión y agenda pública, observa un equipo de investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).
A través del texto Las vías pendientes de la rendición de cuentas , analistas de este think tank repasan el caso del daño patrimonial en Veracruz, de más de 15,722 millones de pesos, revelado en el Informe de la Cuenta Pública 2014 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Carlos De la Rosa, Ximena López, Mireya Moreno, Jorge Ramírez y Rafael Vega recuerdan que el hallazgo provocó la reacción de diversas figuras en la opinión pública con respecto a la gestión del gobernador de Veracruz, Javier Duarte; sin embargo, el interés provocado para transparentar el gasto no se da en consecuencia a un mecanismo de rendición de cuentas institucional, sino que su origen está en la coyuntura electoral y el uso discrecional de la justicia en el país.
Los analistas refieren que las deficiencias de la gestión de Veracruz -su falta de transparencia en el gasto, la escasa rendición de cuentas de las autoridades y la ausencia de contrapesos internos y externos- no son exclusivas de esta entidad.
Es así que las contiendas electorales y el voto ciudadano son uno de los canales por medio de los cuales, al menos en teoría, los ciudadanos son capaces de mostrar su inconformidad con los gobernantes, premiando con su voto al partido gobernante o castigándolo con un voto a la oposición.
En nuestro país, dada la ausencia de otros mecanismos sólidos de participación ciudadana, las elecciones son cruciales para explicar la conducta de los partidos políticos , indica el CIDAC.
El equipo de investigadores sociales concluye que en tanto los mecanismos institucionales necesarios para llevar a cabo una verdadera rendición de cuentas -como las fiscalías y procuradurías, así como organismos autónomos de fiscalización- carezcan de los recursos económicos y de la voluntad política para indagar los casos de corrupción, los castigos a estas prácticas permanecerán sujetos a los vaivenes políticos.
