La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se declaró incompetente para conocer de las quejas promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Presidencia de la República, sobre la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

A través de cuatro acuerdos, el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, requirió a las dos instancias manifestar en un plazo de tres días al Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, si consideran la existencia de imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo.

“Este Alto Tribunal carece de competencia para conocer del presente medio de impugnación”, señaló en el acuerdo el ministro.

Apenas el pasado 4 de junio el Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó por unanimidad de votos reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.

En su fallo dio cuenta de indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de los inculpados fueron obtenidas a través de tortura, además de que la investigación no fue pronta, efectiva, independiente e imparcial por parte de la PGR.

El Tribunal destacó que ante las violaciones a los derechos humanos y al no contarse con una Fiscalía independiente, determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, misma que se integrará con representantes de las víctimas, la CNDH, el Ministerio Público y en su caso, organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

En su queja, la PGR puntualizó que “existe imposibilidad real, material y jurídica de dar cumplimiento al acuerdo impugnado, en razón de que corresponde al Ministerio Público Federal de manera exclusiva la procuración de justicia por medio de la investigación y persecución de conductas y hechos antisociales a través del ejercicio de la acción penal para evitar la impunidad y no a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (que se busca integrar)”.

Mientras que la Presidencia de la República señaló que es “ilegal” el requerimiento del Tribunal Unitario de pedir el cumplimiento en sus términos del fallo, ya que consideró se toma “atribuciones que no le competen”, además de que los efectos solicitados “son contrarios a diversos artículos constitucionales y legales por no ser materia de análisis de constitucionalidad en la sentencia referida”.

En este sentido, la Corte requirió tanto a la PGR como a la Presidencia manifestar ante el tribunal radicado en Tamaulipas los argumentos que consideren sobre la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo.