A fin de conocer las acusaciones en su contra, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, insistió en su disposición a comparecer ante la Fiscalía General de la República sobre el caso Fertinal.

“Reitero mi solicitud ante la Fiscalía General de la República para efectos de ser citado a comparecer y conocer las acusaciones que se nos formulan, así como también para contribuir al esclarecimiento de los hechos que el país reclama”, comunicó a través de una carta dirigida a medios.

El exgobernador de Quintana Roo, expresidente nacional del PRI y exsecretario de Turismo en el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue inmiscuido en la compra de la empresa productora de fertilizantes Fertinal por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), por la que pagó 635 millones de dólares en el 2015.

La planta fertilizadora, siendo insolvente, se habría adquirido a sobreprecio.

Quienes aquel año conformaron el Consejo de Administración de Pemex, aseguró, tomaron decisiones sobre la compra de la planta de fertilizantes Fertinal a partir de avalúos y dictámenes presentados por la administración de la empresa petrolera del Estado y realizados por firmas internacionales establecidas en México.

A decir suyo, las firmas, de reconocido prestigio, fueron quienes acreditaron el valor de los activos, la viabilidad y la conveniencia de la compraventa de la empresa de fertilizantes Fertinal.

“Los exintegrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que conocimos del caso Fertinal, somos personas honorables, con distintas especialidades y orígenes, pero con el común denominador de haber trabajado siempre bajo el principio de buena fe, por el bien de Pemex y del país, a partir de la información que se puso a nuestra disposición”, citó Joaquín Coldwell en su escrito.

De acuerdo con el priista, dichas firmas, de reconocido prestigio, fueron las que acreditaban el valor de los activos, la viabilidad y la conveniencia de la compraventa de la empresa de fertilizantes.

A las personas les asiste el derecho a que sea la propia autoridad la que informe de manera directa, puntual y detallada el contenido de las indagaciones con que se les relaciona, estableció.

Finalmente, estimó que se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia cuando se dan por verdad dichos no acreditados con pruebas.