Los esfuerzos legislativos por combatir la corrupción en México no son recientes. Al menos desde la transición del gobierno federal, en el 2000, se han presentado iniciativas de reformas constitucionales a leyes federales, pero éstas no han prosperado.

Desde hace 14 años se han presentado al menos 45 iniciativas ante el Congreso de la Unión, orientadas a crear los mecanismos o las instancias que combatan este flagelo, el cual ha posicionado a México -conforme al Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional- en el lugar número 103 de una lista de 175 países evaluados.

Las iniciativas de reformas -que han sido desechadas, o han contado con un dictamen en sentido negativo o simplemente siguen congeladas en las comisiones de las respectivas Cámaras- han sido presentadas por legisladores federales de todos los partidos políticos, así como por el propio Ejecutivo federal.

Las propuestas para crear una instancia en México encargada de combatir la corrupción son diversas, tales como dar paso a Comisiones de Transparencia, Institutos Nacionales, Órganos Estatales , Fiscalías Nacionales, Observatorios Ciudadanos, Agencias Nacionales, así como aprobar un fortalecimiento de la propia Auditoría Superior de la Federación.

El 21 de diciembre del 2000, la entonces senadora Leticia Burgos (PRD) presentó un proyecto de reformas para crear la Comisión de Transparencia como un organismo público descentralizado, integrado por cinco personas propuestas por la Cámara de Diputados y aprobadas por el Senado, que entre otras funciones investigara los delitos de corrupción en agravio del Estado mexicano. El proyecto fue desechado.

A partir del sexenio de Enrique Peña Nieto se han intensificado las propuestas para crear un sistema anticorrupción, un tema que el Congreso ha dejado pendiente para el 2015.

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