La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y crear la Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña explicó que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó recientemente reponer la investigación sobre el caso Iguala, ya que la indagatoria realizada por la PGR “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, por lo que se solicitó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.

La iniciativa propone adicionar los artículos 10 quintus y 10 sextus a la Ley Orgánica de la PGR para que faculte que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sea un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar, conocer el paradero y perseguir y consignar los hechos que la ley considera como delitos de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

La legisladora expuso que dichas modificaciones a la Ley Orgánica buscan evitar argumentos que imposibiliten la creación de la Comisión de la Verdad.

La iniciativa también incluye que la Comisión de la Verdad se auxilie de la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales, la cual en su caso, deberá dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público, sin prejuicio de poder acudir a peritajes internacionales.

Angélica de la Peña detalló que la propuesta de reforma a ley también establece que este mecanismo tendrá libre e inmediato acceso a todo centro de detención y cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estime pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes.

“El derecho a la verdad y la justicia de las víctimas no debe regatearse, por el contrario, el Estado debería estar preocupado por cumplir sus compromisos y las observaciones que en el ámbito internacional tienen por graves violaciones a los derechos humanos”, mencionó.