Llegó el día cero y pasó, pero sus prolegómenos estuvieron llenos de sobresaltos, especialmente en lo que hace a la relación de la Federación con los estados. Parte de la chunga provocada por el alcalde de Guanajuato que sólo quiere turistas de posibilidades y los memes de la nuevas parcelas subnacionales distribuidas a lo largo del país, con énfasis en Guanajuato, deja ver el nerviosismo frente a los signos claramente identificables del centralismo con el que López Obrador planea ejercer el poder. Volvemos a los tiempos de la presidencia imperial.

En ese sentido, veo su entusiasta coincidencia con Benito Juárez, pues la lectura de la historia de Andrés Manuel López Obrador es básicamente la que aprendió de niño, pero también percibo su inconfesable similitud con Porfirio Díaz, quien, a buen seguro, es precisamente su antihéroe.

Primero fue la idea, ya cristalizada, de imponer un delegado federal que será el interlocutor directo de la federación con cada uno de los gobernadores, la gran mayoría aún son de la oposición, pues Morena, como tal, sólo tiene cinco gubernaturas: Chiapas, Morelos, Tabasco, Ciudad de México y Veracruz.

Segundo, la intención de que el superdelegado federal coordine al resto de los delegados es prácticamente maniatar a los gobernadores, pues los designados por la Federación usualmente eran gente del gobernador, de manera que había básicamente coincidencia de intereses entre las partes involucradas. Si bien esto no es ideal en términos de transparencia en el control de gestión, al menos la interlocución era fluida. Ahora el superdelegado es una versión posmoderna de los jefes políticos del porfiriato, los que la mayoría de las veces pesaban más que los gobernadores.

Habrá que ver qué sucede en la práctica, pero el pronóstico es que los pleitos a nivel local arrecieran en los 26 estados gobernados por la oposición, menos Nayarit, porque el gobernador aliancista Antonio Echevarría ya dijo que reconocía a Andrés Manuel López Obrador como su líder… ¿Síndrome de Estocolmo?

Tercero, el tema de la seguridad. Si a la sociedad en general le causó extrañeza que López Obrador prosiguiera con la política de militarización de la seguridad habiendo asegurado lo contrario, esto causó más escozor entre los gobernadores. Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, llegó a la conclusión de que los gobernadores tienen que participar de y en la estrategia de seguridad pública federal, la que, como signo de coordinación, debe tomar en consideración las opiniones de las autoridades estatales. No parece que esto vaya a ser el caso. Alfaro y el polémico chihuahuense Javier Corral ya dijeron que no se van a “cuadrar” al esquema de federalismo lopezobradorista frente a las amenazas de desaparición de poderes, proferidas por un empoderado Félix Salgado Macedonio. Menuda forma de respetar el pacto federal.

No es que el federalismo mexicano sea un dechado de virtudes. Hay un enredo de competencias singular, especialmente en materia de seguridad, pero todo apunta a que el centralismo está ganando la partida.

Por último, y con independencia de las decisiones de AMLO, el canciller Videgaray decidió otorgarle el Águila Azteca a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, justo en el momento en que la política migratoria norteamericana condiciona la entrada de centroamericanos a Estados Unidos y que México se está convirtiendo en la última esclusa para detenerlos. Esto ha provocado la indignación social. Los migrantes hondureños han sido acogidos como refugiados, honrando los múltiples tratados internacionales a los que México se ha adherido en este rubro, pero existe un malestar por el trato dispensado por las autoridades mexicanas frente a los problemas de migración interna, especialmente en Chiapas, donde sigue habiendo desplazados por conflictos internos … y las autoridades no se preocupan por atender este problema o lo hacen deficientemente.

Pese al malestar social, al parecer, según lo dicho por Olga Sánchez Cordero, se está negociando un acuerdo migratorio con el gobierno norteamericano y tiene toda la pinta de que se va a proseguir con la tendencia colaboracionista. Por ello, no extraña el incremento de la xenofobia.

Da la impresión de que la administración de López Obrador entra sujetando firmemente las riendas del gobierno, o eso quisieran hacernos creer. Sin embargo, se observan muchas debilidades, las suficientes como para que una encuesta de El Universal registrara 9 puntos menos, de 64.6 al 55.6% en el índice de aprobación del ya presidente de México, una semana antes de tomar posesión. Resulta natural, pues de los 30 millones de votos que obtuvo en julio, se podría calcular que más de un tercio provino del voto de castigo al PRI y al PAN, de lo que puede colegirse que una cantidad considerable de ciudadanos, a pesar de que votaron a favor de AMLO, no está de acuerdo con las decisiones anunciadas. Falta ver qué pasa cuando efectivamente esas decisiones se implementen. El bono democrático no es eterno y tendencialmente puede caer en picada en un lapso corto, si prosiguen tomando decisiones cuestionables para diversos grupos. Un indicador de ello será el destino del NAIM y del Tren Maya que han sido validados apenas por 1 millón de personas mediante consultas cuya seriedad no acaba de convencer.

Por lo pronto, ya hubo un punto en el cual López Obrador no pudo imponer su criterio y es en el caso de Paco Ignacio Taibo II, tema que fue comentado hasta la saciedad, después del comentario vulgar que hizo en la FIL de Guadalajara, en donde más que lo soez demostró una enorme soberbia, como si él efectivamente hubiese sido el vencedor de la elección. El comentario causó tanta indignación que, amén de la crítica social, en el Senado, la oposición logró impedir que se diera cauce al dictamen de la iniciativa de reforma del artículo 21 de la Ley de Entidades Paraestatales y, con ello, se pone en jaque la posibilidad de que Taibo sea el director del Fondo de Cultura Económica. Si ya era cuestionable que se tratara de una modificación ad hominem, la conducta de Taibo hace su promoción inadmisible. Éste es un ejemplo clarísimo de que por la boca muere y mata el pez. La voluntad presidencial era que Taibo ocupase la dirección del FCE; la reforma iba en caballo de hacienda, pero la incontinencia verbal de este sujeto echó por borda los esfuerzos de la bancada de Morena.

Se percibe que el gabinete de la cuarta transformación tendrá una curva de aprendizaje larga y accidentada, a juzgar por la desorganización y las contradicciones exhibidas de agosto a fines de noviembre. Parece que la nueva administración no ha caído en cuenta de que la realidad condiciona al ejercicio del poder, con independencia de la voluntad. Algunos de los miembros del nuevo gobierno no comprenden que el tiempo de la campaña ya pasó y las consecuencias de sus actos, declaraciones y omisiones pasarán factura al presidente López Obrador. Y eso no es bueno para nadie. No han empezado con el pie derecho y la mafia del poder que ya no está en el poder nada tiene que ver en ello… ¿Habrá posibilidad de una nueva Constitución? Al menos lo van a intentar y con ello arreciará el cuestionamiento. Así las cosas.