Tras llegar a un acuerdo con la administración de Donald Trump para que no se impongan aranceles a las mercancías nacionales, México afronta un nuevo reto: destinar los recursos económicos y humanos necesarios para atender a los migrantes que esperen en México por su respuesta a la solicitud de asilo hecha al vecino del norte.

Entrevistado por El Economista, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja, afirmó que tras el acuerdo será necesaria una reasignación presupuestaria para atender a los migrantes que se queden en el país a la espera de que su solicitud de asilo sea resuelta.

El legislador de Morena previó que esta semana se realice una reunión entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para analizar la reasignación presupuestaria. No obstante, dijo que el monto de la reasignación es aún incierto.

“Esto (el acuerdo) implica una revisión de todos los sistemas tanto en materia operativa, de infraestructura, de gasto, que en estos momentos tiene el sistema migratorio de nuestro país. Implica una reestructuración desde los propios cuidados que tenemos y las políticas que vamos a desarrollar en la frontera sur”.

El 29 de mayo, en una reunión de alcaldes en la Cámara de Diputados, Maki Esther Ortiz, edil de Reynosa, Tamaulipas, indicó que cada migrante le cuesta al municipio unos 500 pesos diarios, por alimentos, medicinas, luz y mantenimiento del albergue, entre otros rubros.

“Lo que sí fue muy lamentable es que en este presupuesto (del 2019) se quitara el fondo de migrantes, porque era también un fondo que, de alguna manera, apoyaba”, sostuvo la alcaldesa.

Para este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró un recorte en su presupuesto en comparación con el 2018.

Este 2019, el presupuesto del INM ascendió a 1,330 millones 602,921 pesos, una reducción de 401 millones 292,389 (23.1% menos) comparado al 2018.

Pese a los recortes, el número de migrantes que han recibido atención va en aumento. El INM cuenta con 22 grupos beta, que actúan en nueve entidades (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca) y que brindan asistencia social a la población migrante en cuestiones como alimentación, refugio y atención médica.

Según datos del INM, entre enero y abril del 2018 se brindó asistencia a 36,288 migrantes. Para el mismo periodo de este año, según datos del INM, han sido atendidos 60,487 migrantes.

Entre el 1 de enero pasado y hasta el 27 de marzo, la atención de migrantes generó un costo de 4 millones 590,659 pesos, que fueron destinados a transportación, atención médica, medicamentos y alimentos.

Acuerdo, Desde Marzo: NYT

El diario The New York Times publicó que las medidas para que México restrinja la entrada de migrantes y la militarización de la frontera sur fueron acordadas desde marzo pasado.

Según el rotativo, en la reunión entre la titular de Gobernación, Olga Sánchez, y la entonces secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kirstjen Nielsen, a finales de marzo pasado México se comprometió al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera.

Sobre la postura de que los migrantes esperarían en México, la decisión sobre sus solicitudes de asilo fue acordada en diciembre del 2018 y comunicada por Nielsen cinco días antes de Navidad al Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

No obstante, aún quedan muchos retos que México debe afrontar para cumplir los compromisos con EU, según refiere un análisis realizado por Allison Fedirka en el sitio especializado en relaciones internacionales Geopolitical Futures.

Según la analista, uno de los principales retos que deberá afrontar México es la cobertura territorial de la frontera sur, pues en los más de 800 kilómetros que comprende, que pasan por ríos y zonas con vegetación densa, hay una escasa vigilancia policial.

En este sentido, según cita el análisis, hay más de 370 cruces ilegales en la frontera sur, los cuales México deberá vigilar.