El senador Pablo Escudero destacó que los grupos parlamentarios acordaron avalar este miércoles en comisiones la ley federal de transparencia, que junto a la ley general en la materia impondrá en total 134 obligaciones de transparencia y rendición de cuentas al Poder Ejecutivo, 63 al Poder Legislativo y 61 al Poder Judicial.

El también presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana precisó que las instituciones autónomas tendrán 131 obligaciones de transparencia que deberán publicar en sus páginas web oficiales y 125 para las autoridades encargadas de la materia energética del país; además, se pondrá mayor presión en la rendición de cuentas de los partidos políticos, fideicomisos y sindicatos.

Las comisiones de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda se reunirán este miércoles para dictaminar la ley que se afinó con los comisionados del INAI, Transparencia Mexicana, Red por la Rendición de Cuentas, Gesoc, Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y Fundar.

El dictamen también prevé el proceso de designación de los comisionados del INAI y obligará al gobierno federal a publicar el listado de las empresas a las que solicitó que intervinieran comunicaciones privadas o que localizaran equipos de comunicación geográficamente y en tiempo real.

Definen agenda 2015

Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Roberto Gil y Jesús Zambrano, respectivamente, se reunieron para definir la agenda que sacarán antes del 15 de diciembre y acordaron que completarán las leyes anticorrupción no en este periodo sino el próximo, que comienza en febrero del 2016.

Tras la reunión, Gil expuso que hicieron una lista de prioridades y cada grupo parlamentario se llevará a consultas estos temas para determinar en qué condiciones de viabilidad se encuentra .

Entre los temas, dijo, se encuentran leyes en materia de robo de hidrocarburos, trata de personas y un conjunto de iniciativas que se generaron a partir del paquete económico. Cabe destacar que el Congreso tiene ordenamientos que debe completar a más tardar en diciembre, como es el caso de la ley contra la desaparición forzada de personas.