El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Presidencia de la República promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de la recién promulgada Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), que ha sido severamente cuestionada por organizaciones sociales, ya que desliga a esa instancia de acompañar las investigaciones en casos de desaparecidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, quienes fueron opositores a su aprobación, finalmente se “convencieron” de la ley.

“Nosotros no (interpondremos una acción de inconstitucionalidad), nosotros le tenemos confianza al fiscal general de la República. (…) nosotros tenemos como criterio el aceptar las propuestas de la Fiscalía, que es un organismo autónomo y que respetamos. Le tenemos confianza a la Fiscalía y no hay nada que temer, nada, porque ya no es el tiempo de antes, no hay que quedarnos en el almanaque.”, dijo el mandatario federal.

López Obrador también descartó promover nuevas facultades para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

En febrero pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) expresó su rechazo a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pues dijo que “esta propuesta implica la negación del derecho de toda persona a ser buscada, así como la violación al principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, al pretender sustraer a la FGR de las obligaciones constitucionales, convencionales y legales en la búsqueda de las personas desaparecidas”.

La CNB argumentó que en un país con más de 83,000 personas desaparecidas, más de 4,000 fosas clandestinas, con decenas de miles de cuerpos sin identificar, y con apenas 35 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, “lo que se esperaría es buscar reformas integrales con la participación ciudadana y de las demás instituciones del Estado mexicano para atender esta crisis, sin fragmentar aún más su abordaje”.

El pasado 9 de diciembre, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez advirtió que la ley implicaba un retroceso en la administración de justicia, así como a la colaboración interinstitucional propia de un Estado de derecho al afectar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg