Un reporte elaborado por el instituto de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto acusó que con mensajes cortos (SMS), señuelos sobre accidentes y muerte de familiares, así como con supuestas pruebas sobre infidelidades y noticias falsas, se implantó un software malicioso y se intervinieron los dispositivos de científicos y promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, con fines de espionaje.

De acuerdo con la investigación, se utilizó la solución Pegasus de la firma israelí NSO Group para espiar al investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director general de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO.

Este caso sugiere que las herramientas de espionaje de NSO Group, de uso exclusivo del gobierno (mexicano), pueden ser utilizadas por una entidad gubernamental en nombre de intereses comerciales y no por razones de seguridad nacional o la lucha contra la delincuencia , indicaron los investigadores del Citizen Lab.

¿Fue un infiltrado o es algo que viene de órdenes de arriba? , cuestionó Calvillo.

Pensar que con el poder que tienen las empresas no tienen vínculos en esos niveles, sería muy ingenuo. Han influido en las regulaciones para que sean diseñadas por la propia empresa (...) No queremos señalar a ninguna empresa en particular porque no queremos terminar siendo los demandados, pero los hechos hablan por sí solos , agregó.

Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), anunció que se presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien resulte responsable, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Existen antecedentes de espionaje con casos como el de FinFisher o Hacking Team. México es uno de los principales clientes de las empresas desarrolladoras de estas tecnologías.

Varios investigadores y medios, incluyendo El Economista, han documentado que entidades como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la misma PGR compraron estas herramientas.

Las ONG también buscarán acercamientos con organizaciones de Estados Unidos y con las empresas de Israel para aumentar los controles.

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