El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que el gobierno promoverá ante la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación los procedimientos legales correspondientes en contra del juez federal en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ordenó la liberación de Gildardo López Astudillo alias el Gil, señalado como autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Encinas consideró que esta liberación sentó un precedente grave de impunidad.

“Por instrucciones del presidente, iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial federal, para deslindar las responsabilidades en estos casos, donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito”, dijo.

“El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro, se circunscribió solamente a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura, a pesar de que la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado, aunque hay que reconocer que faltó todavía hacer en este protocolo la prueba de audiometría”, reprochó.

Encinas exhortó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para que se refuercen las capacidades técnicas, materiales y humanas de la Unidad de Investigación en el caso Ayotzinapa.

En tanto, previó que hasta 50 detenidos involucrados en este caso serían liberados por la indebida y deficiente investigación.

“Éste es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada. Lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa.

Se han liberado ya a 53 acusados

“A la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos; y ahora con el precedente de la libertad ya absolutoria de Gildardo López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50”, alertó.

Sin embargo, Encinas aseguró que en el caso de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, no hay referente que señale una posible liberación. Respecto del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, indicó que continúan el procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.

El subsecretario de Derechos Humanos mencionó que entre el 26 de septiembre del 2014 y el 30 de agosto del 2018 se consignaron a 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula.

Los delitos fundamentales que se les fincaron son delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la ley de secuestro.

De las 142 personas detenidas, la entonces Procuraduría General de la República procesó a 70 personas por el delito de secuestro contra los normalistas; sin embargo, a lo largo de estos años el proceso judicial que se siguió a los detenidos se basó en 107 pruebas recabadas por distintas averiguaciones previas, y actualmente solamente subsisten como pruebas 44 de las 107.

Alejandro Encinas culpó a funcionarios de la extinta PGR de realizar “una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales, basada en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada ‘verdad histórica’ se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, sentenció.

“Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes”, concluyó.

Demandan acelerar resultados

Familiares y representantes de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa expresaron frustración y enojo por la liberación de Gildardo López Astudillo, alias el Gil. Dijeron confiar en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr justicia, más no así en la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que su investigación es lenta y sin resultados a la fecha.

Entrevistado por El Economista, el señor Mario César González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, dijo que la liberación de el Gil y otros implicados “ya lo veíamos venir, y es uno de los puntos que le pedimos al fiscal (Alejandro Gertz) que se pusiera en alerta y viera qué se podía hacer para que no se estuvieran dando estas situaciones. Ahora vemos que no ha retomado las acciones para que no sucediera. Desafortunadamente, toda la porquería que hizo la PGR, y sus investigaciones a base de tortura, de investigaciones manipuladas, eso es lo que veíamos y (la liberación) es (una) consecuencia”.

Comentó que hay enojo entre los padres de los 43 jóvenes por la liberación y los pocos avances que hay en la investigación por parte de la FGR, a pesar de la voluntad que ha expresado el presidente López Obrador mediante la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad.

“Nosotros tenemos la esperanza, pero vemos con gran temor que las demás dependencias, a pesar del decreto que firmó el presidente, no han querido jalar o no han querido caminar al paso de la comisión presidencial, eso es lo que vemos que no ha funcionado.

“La petición es la misma, pero necesitamos que ahora se pronuncie (el presidente y el fiscal) con más fuerza, con más contundencia; que ya no sea en el discurso, sino él (el presidente) revise cómo va el caso, porque hay dependencias que no caminan al paso que queremos, no hay avances de ningún tipo”, comentó.

También en entrevista, los voceros del movimiento de padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz y Melitón Ortega, coincidieron en expresar confianza en el presidente, más no así en la FGR y su titular, Alejandro Gertz Manero.

Felipe de la Cruz expresó que la liberación de el Gil crea frustración, “porque en vez de tener verdad y justicia, vemos que están liberando a todos los supuestos involucrados.

Hoy anuncia (Alejandro) Encinas que por las fallas de la PGR de (Jesús) Murillo Karam van a salir otros 50 implicados. Todo eso va empeorando la situación (...) Exigimos al fiscal que cumpla con la responsabilidad de investigar y llegar al paradero de los jóvenes, porque es una obligación y responsabilidad de ellos hacerlo. Y que ponga todo lo que tiene a su alcance como lo está haciendo el Ejecutivo. La confianza la estamos construyendo, vemos la entrega, la disposición, la voluntad que ha mostrado Encinas, el mismo presidente hizo un decreto, la única que se está deteniendo por ser autónoma es la Fiscalía General”, aseveró.

Añadió que “la postura del colectivo es que haya justicia. Una verdad que se pueda comprobar, porque ya vivimos la verdad histórica y fue una mentira; por eso nosotros no lo aceptamos en su momento”.

El señor Melitón Ortega también consideró que hay voluntad del presidente para lograr justicia en el caso, pero hizo un llamado a Omar Gómez Trejo, recién designado titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, para que avance en la investigación.

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