Si el gobierno mexicano pretende que el informe sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa previsto para abril del 2016 sea creíble, debería solicitar a la CIDH remover a la colombiana Angélica María Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), porque están interesadas en impugnar la investigación de la PGR y en desprestigiar a las Fuerzas Armadas mexicanas.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que preside el abogado José Antonio Sánchez Ortega, continúa difundiendo que María Buitrago y Claudia Paz y Paz, integrantes del GIEI, quienes fueron fiscales en sus respectivos países, incurrieron en mentiras, prevaricato y violación de los derechos humanos’’ que ahora defienden de forma independiente para la CIDH.

Para dicha organización, a Ángela María Buitrago la descalifican sus antecedentes en el caso del enjuiciamiento del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, a quien envió a prisión por ocho años y fue absuelto el pasado 17 de diciembre de este año por una Sala del Tribunal Supremo de Bogotá, presuntamente por haber tenido una condena con base en pruebas falsas. Dicho análisis asegura que el coronel colombiano en retiro había liberado a rehenes de la sede del Poder Judicial de esa nación, que tomaron guerrilleros del M-19 en 1985.

Sobre la ex fiscal general de Guatemala entre el 2010 y el 2014, Claudia Paz y Paz, el Consejo Ciudadano argumentó que protegió acciones corruptas del presidente Otto Pérez Molina, quien a fin de cuestas está preso por esos delitos, y persiguió a la fiscal Gilda Aguilar, quien llevó ante la justicia a ese ex presidente, no sin ser sometida a acoso y persecución de la integrante del GIEI, que investiga la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

La postura del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal fue dado a conocer en la página de Internet.