El colectivo Seguridad Sin Guerra demandó a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no desechen y a analicen de fondo, la controversia constitucional que presentó la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del decreto presidencial del 11 de mayo en el que se ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.

Mediante un comunicado, el colectivo aseguró que el consejero de la Presidencia de la República, Julio Scherer, presentó ante la Suprema Corte un recurso de reclamación en el que pidió al máximo tribunal del país desechar la controversia constitucional que presentó el 22 de junio la diputada Laura Rojas a nombre de la Cámara de Diputados.

Según el colectivo, Scherer argumentó que el recurso presentado por la legisladora carece de legitimidad.

Seguridad sin Guerra reveló que ya existe un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien fue nombrada en el cargo en marzo del 2019 por el Senado a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el cual se propone el desechamiento de la controversia constitucional promovida por Rojas.

Indicó que el proyecto será presentado y discutido este miércoles en la Segunda Sala de la Suprema Corte.

“La ministra Esquivel, quien asumió el cargo el año pasado a pesar de las críticas sobre cómo sus vínculos personales con el círculo cercano al Presidente podrían generar conflictos de interés, propone darle la razón al Consejero Jurídico y así impedir que la Corte estudie el fondo de la controversia y resuelva sobre la constitucionalidad del acuerdo militarista. Esto lo hace aprovechando la tensión generada por el inminente revés que la Corte daría el jueves a la propuesta de consulta popular del Presidente”, expresó.

Cabe destacar que el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; el municipio de Colima y el gobierno de Michoacán también presentaron, cada uno y por separado, un recurso de controversia constitucional contra el decreto del 11 de mayo.

Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fuerza Armada Permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública por un periodo máximo de cinco años, es decir, hasta el 26 de marzo del 2024.

Eso permite a que los integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, participarán en tareas de seguridad pública, “sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto del 26 de marzo del 2019”.

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