PRI y PRD frenan ley de asociaciones

Por segunda ocasión, la opocisión en el Senado frenó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP´s) que en abril pasado fue presentada al pleno y estuvo a punto de aprobarse.

Los senadores Rogelio Rueda (PRI) y Francisco Castellón (PRD) informaron que sus partidos pugnarán por más candados antiprivatización, a fin de que el Estado pierda soberanía sobre escuelas, hospitales e incluso centros de reclusión.

Rueda Sánchez dijo que los priístas consideran que la es conveniente para fomentar las inversiones en infraestructura, "pero nos parece que puede ser utilizada como una vía para dar la vuelta y concretar privatizaciones; nosotros lo que queremos es que quede completamente claro en la redacción que no ahora ni en el futuro la posibilidad de que esta ley sirva para vender la riqueza del Estado", advirtió.

Castellón Fonseca dijo que al PRD le interesa no permitir que los privados administren la educación y salud pública, ni los centros de reclusión en el país.

Aunque en abril la iniciativa de asociaciones mixtas propuesta por el presidente Felipe Calderón fue modificada por los senadores para insertar candados para evitar que la Iniciativa Privada (IP) participe en la construcción de infraestructura en sectores estratégicos como la industria petroquímica, actualmente el PRI y PRD consideran que la legislación continúa siendo laxa para prohibir tajantemente visos de privatizaciones.

La Ley de Asociaciones Público-Privadas establece que el gobierno y la IP se podrán asociar sólo para la construcción total o parcial de infraestructura nueva, mas no para la mejora de la ya existente como lo planteaba Calderón.

Prevé que mediante el sistema CompraNet se adjudiquen –a través de invitación a tres personas o adjudicación directa- los contratos a la IP, los cuales serán por 40 años y no por 50 como lo proponía Calderón.

Contempla 34 casos de excepción para las asociaciones, pero cuando ésta sea necesaria, será responsabilidad de los Secretarios de Estado dirigir el proyecto. Precisa que "a la terminación del contrato, los inmuebles, bienes y derechos pasarán al control y administración de la dependencia o entidad contratante y los demás bienes necesarios quedarán sujetos al dominio público de la Federación".

Contempla que en casos de controversias entre el gobierno y la IP será la Secretaría de la Función Pública la que resuelva el conflicto.

Menciona que cuando se declare la expropiación necesaria para la construcción de una obra, se respeten la audiencia y valuación favorable para los ejidatarios, y que la ocupación de los predios se dé sólo cuando se haya resuelto las controversias y la indemnización.

En abril pasado, la Ley de Inversiones Público Privadas estuvo a punto de ser aprobada, pero el PRD, PT y Convergencia (con el apoyo de algunos priístas) lograron aprobar una suspensión temporal.

jmonroy@eleconomista.com.mx

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