Las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de Pemex en el sexenio pasado, podrían tener un impacto en la operación de la empresa, sobre todo si se logra demostrar que hubo un daño patrimonial a la compañía, planteó el director de la consultora especializada en el sector energético mexicano GMEC, Gonzalo Monroy.

En entrevista dijo que el gran problema es que se trata de una investigación que tiene su origen en Estados Unidos, concretamente realizada por autoridades de Nueva York y Texas, además de un cargo federal de la Securities Exchange Commission (comúnmente conocida como la SEC), la agencia del gobierno estadounidense que tiene la responsabilidad de velar que se cumplan leyes federales de valores y los mercados financieros de esa nación.

En ese sentido, recalcó que lo importante será ver cuál va a ser la respuesta de las autoridades mexicanas porque, eventualmente, se tendrá que mostrar si hay un daño patrimonial que se pudo haber hecho a la empresa y las acciones que estaría tomando el Estado mexicano en consecuencia.

El consultor especializado en regulación y análisis de riesgos en el sector energético mexicano, comentó que en ese caso lo importante ya no es si se trata de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador o la del expresidente Enrique Peña Nieto, lo relevantes es qué es lo que va a hacer el Estado mexicano.

La posición del presidente López Obrador de que no se distraerá con hechos de corrupción del pasado, se pondría en entredicho precisamente por esta investigación que viene de Estados Unidos, abundó.

Sin embargo, recalcó que falta ver qué es lo que termina ocurriendo, porque hasta ahora lo único que se conoce son los indicios de presuntos actos ilegales de funcionarios de Pemex en su relación con contratistas. 

Sobre el caso de las grabaciones mandadas a hacer por la contratista Oro Negro a funcionarios donde se explica la forma de operar de algunos empleados de Pemex, no se ha incorporado de manera formal a una investigación de las autoridades estadounidenses.

Dijo que en cuanto se formalice y se integre a un expediente como causa probable ya se le pierde el margen de maniobra que ahorita tiene el presidente López Obrador y entonces se verá forzado a actuar en esta materia.

Aclaró que se trata de un asunto menor el hecho de que ese excontratista alegue que se fue a la quiebra porque no quiso dar algún tipo de gratificación ilegal a un funcionario de Pemex para obtener un contrato.

Se trata de la última patada de ahogado de Oro Negro. Que traten de mostrar que tuvieron un trato diferente respecto del que estaban recibiendo los otros contratistas, pues la verdad es que los documentos son bastante públicos y ha quedado demostrado, justamente en parte del juicio entre Oro Negro y sus bonistas, que no existió un trato discriminatorio en todo esto.

Esta “acción nuclear”, como se le conoce en la jerga legal, es simplemente que Oro Negro  está tratando de forzar la mano del Estado mexicano en un asunto que prácticamente ya está perdido para Oro Negro.

El también exdirector general adjunto de Planeación en la subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía destacó que estamos muy lejos de un escenario donde Pemex deba responder patrimonialmente a acciones corruptas de sus exejecutivos con indemnizaciones o sanciones. Incluso dijo que en cierto caso podría argumentar inmunidad diplomática, al ser una empresa 100% estatal, aunque se trataría de una estrategia legal. 

“No nos adelantemos, mejor veamos cual es el desarrollo de todo esto (…) hasta hoy lo único que tenemos es una bomba mediática, pero con muy poco de algo formal”, dijo.

Mencionó que si ya de por sí las calificadoras no han otorgado buenas notas a Pemex, de escalar estas investigaciones de casos de corrupción, se constituiría un riesgo adicional, pero hay que ver que tan sólidas son las pruebas que se recopilen al respecto.