La organización internacional Save the Children criticó que la respuesta del Estado mexicano ha sido insuficiente, y con frecuencia nula, ante la violencia que impera en el país, por lo que exigió al presidente de la República y a todos los sectores de la sociedad crear un programa de emergencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las niñas y los niños.

Consideró que una población cimentada en el miedo se paraliza, mientras “se va transformando en una sociedad en donde se vuelven aceptables los asesinatos, los feminicidios, el tráfico de personas, la explotación sexual de niñas y niños, el tráfico de órganos, de armas, el cobro de derecho de piso, los asaltos, la discriminación, los insultos, en fin, la violencia en sus múltiples expresiones”.

Por lo que exhortó a no normalizar la violencia, “en donde las niñas y los niños vivan la peor parte. No se puede continuar apelando al pasado sin medidas concretas para repararlo”.

Save the Children planteó que el programa de emergencia debe ser parte del proyecto de gobierno actual y contar con presupuesto público y para hacerlo realidad es necesario que el Congreso de la Unión se sume apoyando la iniciativa, así como la Secretaría de Hacienda.

El programa propuesto por la organización internacional incluye, entre otras cosas, activar esfuerzos nacionales, estatales y municipales para georreferenciar zonas de riesgo, haciendo uso de sistemas de seguridad como el 911 para detectar información de donde prevalece la violencia de género y hacia la infancia.

Fortalecer medidas de seguridad garantizando la existencia de unidades de atención especializada adecuadas y prestación de servicios para mujeres, niñas y niños víctimas o en riesgo de violencia, además de asegurar que todos los casos en los que no se conozca el paradero de una niña, niño o mujer inicien como una probable comisión del delito de desaparición forzada o desaparición de persona cometida por particulares, a fin de que los mecanismos de búsqueda y localización de personas inicien de manera inmediata.

Asimismo, propone armonizar y simplificar los procedimientos de la Alerta Amber en todo el país. “Se requiere una regulación clara que permita su activación oportuna y eficiente”.

Al igual que aprovechar las tecnologías de la información para asegurar la mayor difusión posible de la Alerta Amber entre la sociedad, por ejemplo, mediante un sistema que haga llegar a cada teléfono móvil la notificación de alguna desaparición.

Mientras, se deben proteger los derechos de las personas víctimas y sus familiares cuando se lleva a cabo una investigación, atendiendo a los derechos de confidencialidad e intimidad, particularmente para evitar poner en mayor riesgo a la niña, niño o mujer desaparecida.

La ONG también propuso tipificar el feminicidio en todos los códigos penales estatales, y asegurar que en la práctica se reconozcan y categoricen como tal y fortalecer las capacidades institucionales de las fiscalías generales, de los ministerios públicos y de las procuradurías de protección de la niñez, para gestionar eficientemente los casos de vulneración a los derechos de la niñez.

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