El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, reconoció ante el pleno de la Cámara de Senadores que el problema de la seguridad pública es enorme y que el nivel de violencia alcanzado en México exige el reforzamiento de acciones concretas.

En su intervención inicial durante el análisis del sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el responsable de la política interior del país aseguró que en el sexenio que está por terminar “el gobierno de la República escuchó reclamos, reconoció pendientes y ha aceptado errores. Sin embargo, es claro que los retos del país requieren corresponsabilidad y de un esfuerzo de Estado”.

Si bien se reconoce que los retos son “muchos e importantes”, defendió, “este gobierno no deja crisis, ni política, ni económica, ni social; por el contrario, el presidente de la República ha cumplido prácticamente con los compromisos que hizo a los mexicanos”.

A decir del funcionario público, la violencia tiene causas multifactoriales, muchas asociadas con algunos factores externos como la expansión de actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con crimen trasnacional que aprovechan la porosidad de las fronteras y han sofisticado sus métodos sirviéndose de avances tecnológicos.

La administración federal en turno emprendió un esfuerzo sin precedente para fortalecer las instituciones de seguridad, abundó, al destinar 82,000 millones de pesos a las autoridades de seguridad locales, el mejoramiento y modernización de instalaciones y a capacitación y dignificación de la Policía Federal.

Precisó que dicho monto representa 25% más recursos que los destinados durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón al rubro de la seguridad pública.

Porque existe una enorme debilidad institucional en algunas corporaciones de seguridad pública estatales y municipales es que las tareas en la materia han sido asumidas de manera subsidiaria y temporal por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, justificó.

En respuesta a los cuestionamientos de los senadores, que calificó de serios y documentados, dijo que desde el gobierno de la República no se puede reconocer, afirmar, o siquiera suponer que existe una crisis nacional.

Desde su óptica, mientras no se resuelva el tema de la impunidad, “con claridad, con independencia, con certeza hacia la gente, no puede haber seguridad y mucho menos pensar que se resuelven temas como corrupción”.

Evitó entrar a la calificación de casos concretos, como solicitaron los senadores que se refirieron, por ejemplo, al caso Ayotzinapa.

“Si algo aprendí en mi paso por instancias de procuración de justicia es que un procurador o un exprocurador no especula, si afirma es porque prueba, y si no, solicita y exige con claridad que se actúe en los órganos de procuración de justicia, que para eso existen”.